El Campello se adhiere formalmente al plan de la Generalitat para la vivienda pública

El Ayuntamiento de El Campello ha aprobado, con los votos favorables del Partido Popular, Vox, Compromís y Per El Campello (XEC) y las abstenciones del Partido Socialista y EU-Unides Podem, la solicitud de adhesión al convenio marco de colaboración para el impulso de suelo para la promoción de viviendas sociales mediante colaboración público-privada, más conocido como Plan Vive, suscrito entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Esta solicitud de adhesión supone un paso previo para que el municipio pueda acoger promociones de vivienda pública , siendo necesaria la probación en pleno así como asumir expresamente todas las cáusulas y compromisos derivados del convenio y con sujeción a todas ellas; tal y como ha sucedido.

En la acualidad la Generalitat dispone de dos parcelas cedidas por El Campello para la construcción de las viviendas de protección pública. Inicialmente eran cuatro y dos de ellas ya fueron construidas y están ocupadas. Se trata de dos bloques de 46 viviendas cada uno de ellos. Uno de los solares cedidos en la actualidad ya está adjudicado y en él se construirán otras 46 viviendas que serán dedicadas para compra o alquiler, especialmente para promover el acceso a la vivienda entre la población joven.

Además, en todo plan parcial que se realice, se liberará una parcela para el Plan Vive.

Estructura organizativa

El pleno ha sacado adelante también la estructura organizativa del Ayuntamiento aunque con el voto en contra de todos los grupos progresistas de la oposición.

Tras la aprobación de la estructura organizativa se iniciarán los trámites para la modificación o elaboración de un Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para la plantilla municipal.

Según el Partido Popular, el documento busca dar solución a la problemática y conflictividad generada por la RPT actual aprobada en el año 2005. La estructura organizativa aprobada comprende 16 áreas de servicios con el presonal adscrito a cada una de ellas y los cometidos específicos, además de las necesidades que el área de Recursos Humanos ha detectado tras consultar con las diferentes concejalías.

Uno de los puntos más polémicos es que el área de Infraestructuras y Servicios seguirá dividida en dos. Las dos áreas fueron separadas inicialmente mediante decretos de Alcaldía por los que, también, asumía el rol de jefa de servicio del área de Servicios una recién nombrada funcionaria interina sin rango suficiente para ejercer dicho cargo, y que el TSJ declaró nulos y contrarios a derecho.

Esta decisión, junto con la falta de negociación con los agentes sociales, han provocado que PSPV-PSOE, Compromís, XEC y EU-UP hayan rechazado frontalmente la propuesta de resolución.

Reacciones al organigrama

De esta manera, el primero en expresar su desacuerdo ha sido el Partido Socialista con Raquel Marín como portavoz, que ha declarado: "No estamos de acuerdo con la urgencia con la que se trae este asunto al pleno sin haberse debatido ni consensuado con los agentes sociales. Algo tan importante debe comenzar bien, con amplios consensos y no con imposiciones", y añadía que "esta carrera es de fondo y no de velocidad".

Asimismo, Adriana Paredes, de Compromís, enumeraba los motivos por los que, desde su partido, no iban a apoyar esta estructura organizativa: "Por no haber seguido el procedimiento adecuado y legal, ya que no ha cumplido el punto de negociación colectiva, porque se han convocado varias mesas de negociación sin la documentación adecuada como informes de los jefes de servicio, de hecho, no se ha consultado a todos, y sin el tiempo prudente para el estudio de la propuesta por parte de los sindicatos. No se ha atendido a la petición de los sindicatos de un calendario de trabajo y se ha incumplido el de 2022. Es una estructura que pensamos que no reducirá la conflictividad de personal, ratificando una separación entre Servicios e Infrestructuras que no consideramos útil y que relega a los técnicos a un papel secundario. Es una estructura que no delimita de manera eficaz los ámbitos competenciales como recomienda la resolución del Comité Asesor contra el Acoso Laboral. El equipo de gobierno sigue hoy negándose a iniciar las negociaciones para la implantación de la carrera profesional, incumpliendo no sólo el mandato judicial, sino también el TREBEP y el propio reglamento del Ayuntamiento", concluía la intervención de la edil.

Paco Toni Palomares, portavoz de XEC, ha acusado al gobierno local de haber "mentido con respecto a este tema o, al menos, no haber dicho toda la verdad" con respecto a este asunto. Y, al igual que Paredes, reprochaba que ni a sindicatos ni a partidos políticos se les había dado "ni información ni tiempo" para poder estudiar la propuesta efectuada por el gobierno local.

Lourdes Llopis, portavoz del PP y concejala de Recursos Humanos, ha señalado que partidos y sindicatos "no han acudido a las mesas de negociación convocadoas", a lo que Palomares respondía que el gobierno local "no cedía en nada y no está por la labor de negociar".

Pedro Mario Pardo, portavoz de EU-UP, ha denunciado que "el PP ha intentado, sin concurso público, que trece personas a dedo tengan unas plazas que a día de hoy no existen. En el decreto se les daban 600 euros (en concepto de productividades) por unas jefaturas inexistentes, ahora estamos ya en 750 euros", y aseguraba que la intención del gobiernno con esta estructura organizativa "es legalizar el decreto del año 2007, creando estas jefaturas que, evidentemente, son ilegales. Hasta el punto se llega que, en el primer borrador aparecen estas jefaturas con nombres y apellidos, es decir, el Ayuntamiento quiere sacar 13 plazas públicas que ya tienen nombre y apellido", lo que ha calificado de "cuestión muy grave". Y ha recordado que "el departamento de Recursos Humanos afecta al resto de áreas, ya que más de 50% del presupuesto del Ayuntamiento se gestiona a través de RRHH", lo que ha destacado como clave del problema.