Caso del ruido en Castaños: el Ayuntamiento ve "motivos para recurrir" la sentencia de la ZAS en Alicante

Villar abre la puerta a apelar la decisión judicial sobre establecer una Zona Acústicamente Saturada en la calle Castaños por temor a que los vecinos puedan reclamar indemnizaciones millonarias al Ayuntamiento

El concejal del PP asegura que las acciones legales que se puedan emprenden desde el gobierno local no impedirán que se lleven a cabo medidas para reducir los decibelios en el entorno

Castaños, una Zona Acústicamente Saturada

Alex Domínguez

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

El auto del juez ratificando la sentencia del ruido en Castaños no ha frenado las intenciones de recurrir del Ayuntamiento de Alicante. El vicealcalde, Manuel Villar, sostiene que "hay motivos" para apelar la decisión judicial y abre la puerta a que el gobierno local se sume a los hosteleros y eleve el asunto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Eso sí, el concejal popular aclara que las posibles acciones legales que pudiera emprender el ejecutivo municipal no impedirán que se lleven a cabo medidas para reducir los decibelios en el entorno.

El también edil de Medio Ambiente ha señalado este martes, tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno Local, que "solicitamos la aclaración porque había algún aspecto de la sentencia que era necesario matizar" pero reconoce que "está claro que no se puede pretender cambiar el fallo". En cuanto a las medidas, Villar insiste en que todavía quedar margen para su aplicación, tras los dos meses de plazo que recoge el magistrado, y asegura que el equipo de gobierno "intentará que sean las más efectivas". No obstante, rechaza detallar las acciones a emprender para "ni generar alarma en un sector ni expectativas en los vecinos".

Sobre el posible recurso que el Ayuntamiento estaba valorando plantear, el vicealcalde ha confirmado que, a su juicio, "hay motivos" para ello, aunque ha querido dejar claro que no "es porque no entendamos que los vecinos no están pudiendo descansar lo que deberían". Lo que pretende el gobierno local es prevenir que la sentencia, que reconoce una vulneración de derechos fundamentales por parte del Ayuntamiento, pueda abrir la puerta a una serie de reclamaciones por parte de los vecinos que se traduzcan en indemnizaciones millonarias.

En este sentido, todo apunta a que el ejecutivo municipal terminará inclinándose por la vía del recurso centrándose en la vulneración de derechos fundamentales. El gobierno de Barcala seguiría así los pasos de los hosteleros, que ya anunciaron que acudirían al TSJ nada más darse a conocer el contenido de la sentencia.

.

Suscríbete para seguir leyendo