Cumbre universitaria en Alicante: La jubilación obligará a renovar en diez años la mitad del personal de las universidades

El relevo generacional es uno de los desafíos que más preocupa al sistema universitario español hasta el punto de que la mitad de las plantillas van a tener que ser renovadas en la próxima década sí o sí por la jubilación del personal. Este problema y el reto de alcanzar una financiación que suponga el 1 % del PIB español centran desde este jueves en Alicante una «cumbre» de gerentes de las universidades españolas.

La planificación de las instituciones académicas para hacer frente a la salida de funcionarios veteranos y, como consecuencia, a la entrada de nuevos docentes y perfiles profesionales es una de las cuestiones que los responsables de las cuentas o encargados de la gestión administrativa van a poner en común en esta reunión sectorial de la CRUE (Conferencia Nacional de Rectores de las Universidades Españolas) que por primera vez se celebra en la capital de la provincia, hasta hoy, viernes. 

«A nivel global en la Administración general está previsto que se jubilen en los próximos diez años el 50 % de los funcionarios, lo que también afectará a las universidades», indicó a este diario Julio García Mora, gerente de la Universidad de Alicante (UA), la organizadora de un encuentro al que han asistido 50 representantes de las 70 entidades universitarias integradas en la CRUE. Una cita que pretende servir para «compartir experiencias y aprovechar la oportunidad a la que nos vemos obligados por la jubilación para redimensionar las plantillas y seleccionar nuevos perfiles», añadió.

«Las universidades tenemos insuficiencia financiera y un problema de equidad en el reparto»

Para afrontar esta revolución, que ya ha comenzado a marcar el día a día de las universidades españolas, las instituciones académicas han empezado a realizar un análisis de las plazas que han perdido valor y las que ya no tienen el peso que tenían cuando empezaron. Dentro de este estudio, también se está teniendo en cuenta las que han irrumpido nuevas, como los gestores de datos y expertos en inteligencia artificial, con el objetivo de ajustar los perfiles, según el gerente de la UA.

En este sentido, la CRUE ha venido defendiendo en múltiples ocasiones un acuerdo entre Gobierno y las comunidades autónomas para que las universidades dispongan de los recursos necesarios para mejorar sus plantillas de profesorado, tanto con el relevo generacional como con la estabilización.

Lo que cuesta la Universidad

El otro frente común en el que trabaja la Conferencia de Rectores es un modelo de contabilidad analítica que «permita a las universidades conocer a la precisión lo que cuesta cada servicio, cada título y cada proyecto que tenemos», aseguró la rectora de la UA y presidenta de la sectorial de gerentes. 

Hasta ahora, la herramienta que disponen las instituciones académicas solo mide los ingresos y los gastos, por lo que la máxima responsable de esta comisión nacional apeló a la necesidad del nuevo documento que será aprobado este viernes y, a partir de ahí, elevado al Ministerio de Educación. «Es necesario para saber dónde estamos, para rendir cuentas y para conseguir ese 1 % de PIB español», añadió la rectora.

El conseller de Educación y de Universidades, José Antonio Rovira, cifró, durante la inauguración del encuentro en la sede universitaria de la Ciudad de Alicante, en un 0,9 % del PIB de la Comunidad Valenciana la financiación que reciben las cinco universidades públicas «ubicándose en valores muy próximos de financiación al 1 % establecido en la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) a nivel nacional, y por encima de la media de las comunidades autónomas, a pesar de ser, junto con Murcia, la autonomía peor financiada», matizó.

Con esa premisa, el representante autonómico defendió un modelo de financiación de las instituciones académicas que tenga «una combinación equilibrada de financiación pública y privada, fomentando la colaboración con el sector empresarial y otras entidades».

Asimismo, apostó por asegurar que cada euro invertido en nuestras universidades se traduzca en mejoras tangibles en la calidad educativa, en el avance de la investigación y en el bienestar de nuestra comunidad universitaria. Para ello, es fundamental establecer mecanismos de control y evaluación rigurosos que nos permitan optimizar la gestión de los fondos y garantizar la máxima transparencia».

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