El Gobierno cuestiona la legalidad del proceso de admisión de los colegios

El Gobierno ha acabado cuestionando la legalidad del proceso de admisión del alumnado en los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana, un sistema que con la entrada de PP y Vox al Consell, tendrá como novedad la recuperación del distrito único para pedir plaza, independientemente del barrio donde uno viva, y del punto extra que podrán conceder los centros al alumnado, entre otras cosas, porque sus padres sean ambos trabajadores o antiguos alumnos (incluidos sus abuelos).

El Ministerio de Educación ha remitido una carta de colaboración a la conselleria, dirigida por José Antonio Rovira, en la que advierte que el decreto de admisión de alumnado para el próximo curso escolar aprobado el pasado 23 de abril «contempla ciertos aspectos que levantan discrepancias con la normativa básica».

Desde el departamento autonómico únicamente han admitido que la Dirección General de Centros Docentes ha recibido una «carta de colaboración» con siete recomendaciones respecto al proceso de admisión, sin entrar en más detalles, ni ofrecer más información al respecto.

Tan solo aseguraron públicamente que están abiertos «a cualquier colaboración que revierta en la mejora de la Educación en la Comunidad Valenciana» y que «están estudiando estas observaciones», además de advertir de que «la regulación del proceso de admisión autonómico se ajusta a la legislación estatal vigente». 

La conselleria recurrió a esta misma justificación este mismo jueves, la de que el decreto de admisión en el que se incluye el distrito único ha superado los informes de la Abogacía y del Consell Jurídic Consultiu, pero aún así, garantizó que supervisará junto a la Inspección educativa los criterios escogidos por los centros para puntuar más a determinados escolares.

Y es que justo esta semana ha trascendido que el Síndic de Greuges está investigando si existe discriminación en el punto extra que la Administración autonómica ha permitido que concedan los centros educativos al alumnado por «circunstancias específicas». El Defensor del Pueblo ha admitido a estudio la queja presentada por la Confederación Gonzalo Anaya (integrada por tres federaciones provinciales de asociaciones de padres y madres: FAPA-València, FAPA Penyagolosa de Castellón y FAPA Enric Valor de Alicante) por favorecer situaciones familiares que no respetan el principio de acceso en condiciones de igualdades a las familias participantes en la admisión (artículo 3.1 Principios Generales Decret 48/2024) y que incurren en discriminaciones, incumpliendo el artículo 3.2. que dicta que en ningun caso habrá discriminación de ningún tipo», explica la entidad que representa a las familias.

Los casos polémicos en Alicante

Como ya publicó este diario, alrededor de 44 colegios de la provincia de Alicante han decidido priorizar a alumnos de familias trabajadoras, mientras que más de un centenar premiará con este punto a hijos de antiguos alumnos, la mayoría tienen en cuenta a los padres, pero también a los nietos y tíos abuelos porque se admite hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

Además, hay colegios concertados, de la Vega Baja y de la capital alicantina que priman a la hora de admitir al alumnado cuyos progenitores sean trabajadores de un centro educativo que tenga ideario católico o a hijos de antiguos alumnos de colegios cuya titularidad corresponda a la Diócesis o a una congregación religiosa. También está el caso de un centro, el de Benijófar, que da ese punto a los nacidos en el municipio.

Tras estudiar el listado de las circunstancias específicas centro a centro que se exponen de manera pública en la web de Conselleria de Educación, la Confederación de Ampas advirtió a la Dirección General de Centros Docentes -sin obtener respuesta- y al Síndic de Greuges que el punto extra determinado por centros incurre en «discriminaciones por razón de nacimiento, origen, procedencia, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». 

Además, esta confederación solicitó a la Conselleria de Educación que supervise y rectifique las circunstancias específicas discriminatorias a través de sus mecanismos. Las tres federaciones de Ampas de la Comunidad Valenciana integradas en esta agrupación advirtieron de que este punto puede suponer tener o no plaza escolar en el colegio o instituto escogido por las familias en un proceso de concurrencia competitiva por puntos baremados como es la admisión.

PSOE y Compromís han cargado contra la decisión autonómica desde incluso antes de aprobarla y han tachado el distrito único de «segregador», al igual que la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública que el pasado 23 de mayo se echó a la calle en diversos municipios de la Comunidad Valenciana. Comisiones Obreras anunció ayer que ya estudia «medidas legales» contra los puntos extra que sean discriminatorios.

Argumento autonómico

Frente a la denuncia de los padres, el conseller de Educación se escudó en que la circunstancia específica en la admisión de alumnado «solo supone un punto, mientras otras circunstancias como las rentas bajas, las familias numerosas o monoparentales han aumentado hasta los 7 puntos».

 Rovira recordó el jueves que los centros pueden elegir el punto específico en el proceso de admisión para el curso 24-25 de entre 22 criterios propuestos. «Los centros tienen libertad, las variables son múltiples y pueden elegir lo que consideren, e incluso no aplicar ninguna de las posibilidades. En los centros públicos la decisión corresponde al Consejo Escolar y en la concertada es el titular del centro oído el Consejo Escolar», señaló.

En esta línea, el conseller recordó que hay numerosas opciones para el punto específico que van desde la renta familiar, la condición de exalumno o solicitar el centro como primera opción, que los padres o tutores legales sean trabajadores del centro docente o la concurrencia de discapacidad en el alumnado. 

«Se está hablando de un criterio que solo supone 1 punto, cuando este Consell ha favorecido el aumento de puntos en cuestiones esenciales, como las rentas bajas, pasando de 3,5 puntos a 7. Para el anterior Consell no era un criterio básico, pero consideramos que es prioritario, tal y como recoge la Ley Orgánica», manifestó Rovira este jueves. 

Asimismo, puso en valor que también se ha incrementado la puntuación por Renta Valenciana de Inclusión de 4 a 7 puntos, las familias monoparentales han pasado de 5 a 7 puntos y se ha incluido por primera vez al alumnado nacido en parto múltiple. Y se han introducido novedades en los puntos de admisión como la simultaneidad con enseñanzas profesionales de música o de danza, la condición de deportista de élite, de alto nivel o de alto rendimiento, que supone 2 puntos. 

Además, anunció que la Dirección General de Centros Docentes está trabajando junto a la Inspección Educativa en la correspondiente supervisión y actualización de las circunstancias específicas. 

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