El "manual" contra la ocupación ilegal de Vicente Magro

Si hay un fantasma que durante los últimos años asusta a propios y extraños es el de la ocupación ilegal de viviendas, un fenómeno en el que personas ingresan y se establecen en una vivienda sin el consentimiento del propietario. Esta situación puede generar conflictos legales y sociales, y es un tema controvertido en muchos países, incluido España. Para algunos, es un tema que debe estar a la orden del día y corresponde uno de sus temores principales. Otros, en cambio, creen que esto no es más que una situación esporádica que se usa con unos tintes políticos concretos.

Atendiendo a esto, el magistrado del Tribunal Supremo y expresidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, ha publicado Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble, un manual práctico donde se recogen 71 preguntas y respuestas que tratan de facilitar la resolución de las dudas que se le pueden plantear "al operador jurídico" a la hora de afrontar la queja de un ciudadano que denuncia o demanda la ocupación de un inmueble que le pertenece.

En este sentido, se recalca de forma expresa la urgencia de la respuesta que debe darse a los ciudadanos que son víctima de una ocupación ilegal, y plantea una enorme casuística derivada de esta problemática. La obra, redactada por Magro, aporta diversas soluciones tanto desde el punto de vista del derecho penal como del civil, y exige una unificación de criterios aportando formularios para poder actuar en el orden civil y penal para facilitar el enfoque de la respuesta del profesional del derecho a la hora de afrontar el problema práctico de la ocupación ilegal.

"Ahora mismo es uno de los temas que más preocupa a la sociedad española. Hoy en día cualquier ciudadano puede estar en peligro, puesto que las cifras son realmente preocupantes", explica el magistrado, que indica que "los últimos datos marcan la ocupación de unas 40 viviendas al día y las cifras anuales giran en torno a 15.000 ocupaciones al año". Respecto a las soluciones judiciales que se plantean, estima que el elevado índice se topa con un problema claro: "que el sistema está teniendo problemas para dar respuesta legal a este fenómeno".

Lo cierto es que en los últimos años, el número de denuncias por "okupaciones" ha aumentado considerablemente, pasando de 9.998 en 2016 a 17.224 en 2021, alcanzando así el nivel más alto en la historia de España. En 2022, por su parte, la ocupación ilegal registró una pequeña disminución con respecto a los años anteriores, con un total de 16.726 denuncias, lo que representa una caída del 3,2%. No obstante, sigue siendo un número considerable que ha requerido una actualización de la jurisprudencia para hacer frente a los retos legales actuales.

Autoprotección

Esta obra está actualizada a la más reciente jurisprudencia y a las Instrucciones de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Estado de Seguridad para unificar criterios de actuación. Entre las cuestiones que se plantean como posibles soluciones, se encuentra la de la autoprotección. "Uno de los problemas que se presenta es que muchos ciudadanos se van de viaje y vuelven con el miedo de no saber si su casa ha podido ser ocupada por alguien". Por eso, aboga por adoptar medidas de autoprotección comunitaria.

"Las comunidades de propietarios están llevando a cabo una especie de autodisciplina que consiste en estar atentos y, si ven que alguna persona está descerrajando una cerradura o entrando en una casa y saben que no es el propietario, automáticamente llaman a la policía para que pueda entrar y sacarlos", explica Magro. La pronta acción de los agentes favorece el desalojo de los ocupantes ilegales debido a que se trataría de un delito flagrante, es decir, el autor de los hechos sería sorprendido durante la comisión del delito, o bien inmediatamente después de haberlo cometido. De esta forma, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tendrían competencias para expulsar de manera inmediata a los delincuentes y evitar la prolongación en el tiempo del delito.

Esto se produce cuando el plazo es inferior a las 15 horas, momento en el que se mantiene el hecho flagrante. Si, en cambio, la casa ha sido ocupada durante más tiempo, hay que acudir a presentar una denuncia. "Yo siempre recomiendo buscar un abogado que presente una denuncia, porque esto requiere unos conocimientos jurídicos que los ciudadanos no tienen. Siempre es mejor que sea un abogado el que presente una denuncia o una querella y que pida la medida cautelar urgente de expulsión", explica el magistrado.

Esa sería la primera vía para conseguir que el juez actúe, aportando la copia de documentos que acreditasen la titularidad, pero en muchos casos esto no puede ser así, pues dichos documentos se encuentran en el interior del domicilio. En este caso "bastaría con que se aportara un recibo de luz o de agua que se tuviera a mano", ya sea uno que se tenga en el correo electrónico o un comprobante de recibo de la app del banco.

En esta situación entra en juego el factor de la vulnerabilidad de las personas ocupantes. Para Magro, esto es un problema que se puede resolver desde la Administración, pero no a costa de los propietarios de las viviendas: "Las personas que acceden a esto lo hacen porque están en una situación límite en su mayoría, y obviamente necesitan tener un sitio donde poder vivir, pero no dependiendo de las viviendas de ciudadanos terceros, porque en ese caso estarían revirtiendo la situación y serían otros ciudadanos los que se quedarían sin un techo. Esto sería muy injusto".

Ley de Vivienda

Y el foco, de manera directa, se pone sobre la actual Ley de Vivienda, "que no regula bien esta casuística". Esta ley supone un marco legal que regula aspectos relacionados con el acceso a la vivienda, los alquileres, la propiedad inmobiliaria, el desahucio y la protección de los inquilinos, entre otros temas. Además, busca garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos, así como regular las relaciones entre arrendatarios y arrendadores.

Las cuestiones legales que siempre quisiste saber sobre una comunidad de vecinos

Magro denuncia que dicha normativa jurídica "no haya incluido la respuesta al fenómeno de la ocupación ilegal" pues, entiende, es "una prioridad absoluta" y ve necesario que se adopte "una ley integral que dé respuesta a todos los problemas que surgen en este caso, incluyendo la expulsión inmediata y la agilidad por parte de la Administración Pública para realojar a esas personas en una vivienda social, sobre todo en el caso de que tengan menores a su cargo". Para eso, no obstante, tendría que fomentarse la construcción de vivienda social, cuando actualmente hay largas colas de espera para acceder a uno de esos pisos.

Espejo internacional

La mejor arma para considerar la actuación judicial de un país es compararla con otros territorios vecinos. En este caso, Vicente Magro expone situaciones como las de Holanda, Dinamarca, Francia, Reino Unido o Alemania, lugares donde el problema se resuelve, según apunta, en un máximo de 72 horas "dando competencias a la policía para la expulsión inmediata y trasladando el caso a la Administración Pública competente para adoptar las medidas de realojamiento de forma urgente".

El fomento de viviendas sociales en otros países llega a ser beneficioso para todas las partes y el magistrado estima que ese modelo podría llegar a ser muy provechoso para nuestro país. "En España hay un fenómeno muy fuerte de sinhogarismo y fomentando la construcción de más vivienda social ayudas a las personas que no tienen un techo y evitas los altos casos de ocupación ilegal, pues perciben que su situación se va a arreglar gracias al ente público", finaliza Magro.