"Desde hace 35 días sabían que ayer era el desahucio"

El abogado de los propietarios del piso de San Blas de Alicante donde vivía de alquiler con sus nietos la mujer de 77 años desalojada afirma que se les ha ofrecido que acudan a retirar sus pertenencias

Desahucio de una mujer de 77 años del piso de alquiler en el que llevaba siete años viviendo junto a su hijo y dos nietos

Héctor Fuentes

J. Hernández

J. Hernández

"Desde hace 35 días sabían que ayer era el día del lanzamiento", señala el abogado de los propietarios del piso de San Blas, en Alicante, donde vivía de alquiler con su hijo y sus nietos menores de edad la mujer de 77 años desahuciada este lunes con lo puesto.

El letrado, José Sáez Zambrana, ha explicado que además se le ha ofrecido a la inquilina que diga cuándo pueden retirar las pertenencias y enseres que quedaron en el piso cuando la comisión judicial ejecutó el desahucio "y ayer (por el lunes) también se les ofreció pero no quisieron". El abogado ha incidido en que sus clientes, los dueños del piso, no son grandes tenedores sino una familia humilde que necesita la casa para vivir.

Fuentes próximas han señalado que el proceso de desahucio se inició viendo que los inquilinos no pagaban el alquiler desde la pandemia y que la sentencia es de enero de 2023 pero se retrasó por las huelgas de los juzgados.

Sin solución

Mientras tanto, la mujer desahuciada, Josefa Díaz, ha asegurado este martes que finalmente anoche durmieron en la calle porque no se les ha dado solución habitacional por parte del Ayuntamiento ni de la Generalitat pese a tener informes de vulnerabilidad. Josefa ha acudido a ambas instituciones donde no les habrían dado solución.

La familia, según explicó la abuela este lunes, tiene un piso social de la Generalitat concedido en Orihuela Costa, pese a estar empadronados en Alicante. Esta vivienda aún en obras de reforma puesto que no se encontraba en condiciones de habitabilidad y no pueden ocuparlo todavía. La señora dijo que pagaba 360 euros de alquiler más los gastos de suministro hasta hace un año con su pensión de 800, y admitió que dejó de abonarlo hace un año.

Consultada la Generalitat Valenciana, fuentes de la administración autonómica explicaron a este diario que el registro de demandantes de vivienda social de la provincia de Alicante "sigue una clasificación que depende de muchos factores entre ellos la situación de vulnerabilidad, emergencia habitacional y volumen de ingresos. No se puede generalizar con este listado, cada caso recibe una baremación". Ahora mismo la lista de espera asciende a casi 12.000 personas.

Instituciones

"Concretamente sobre la señora comentada, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante está en contacto continuo con ella para solucionar el problema y por otra parte, desde la Conselleria nos hemos interesado en este caso y también estamos intentado solucionar la necesidad habitacional en la que se encuentra", han afirmado fuentes del departamento autonómico.

Por parte del Ayuntamiento de Alicante, el lunes señalaron que los servicios sociales trabajan con esta familia desde hace dos años y han emitido varios informes de vulnerabilidad que han permitido aplazar dos años el desahucio. "También han emitido un informe de emergencia habitacional para que el EVha (la entidad de vivienda de la Generalitat) les asigne una vivienda social. En estos momentos se barajan varias opciones y el Ayuntamiento trabaja para encontrarles una solución temporal de emergencia".

Consultados de nuevo este martes sobre una posible solución habitacional, este diario no ha obtenido respuesta.