El aguilucho del Banco de España de Alicante, más cerca de la jaula

Luz verde municipal para que la entidad financiera retire el escudo franquista que luce en su sede de la Rambla desde hace casi ocho décadas 

El águila de San Juan que adoptó como símbolo el régimen franquista en el lucernario de la sede del Banco de España en Alicante.

El águila de San Juan que adoptó como símbolo el régimen franquista en el lucernario de la sede del Banco de España en Alicante. / Pilar Cortés

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

En plena polémica por la tramitación de la Ley de Concordia con la que el Consell del PP-Vox ha decidido dar carpetazo a la de Memoria Democrática aún en vigor, el Ayuntamiento de Alicante acaba de firmar la licencia para que el Banco de España pueda retirar el escudo franquista que luce en la claraboya del patio de operaciones de la entidad desde la construcción de la sede en la Rambla en 1947.

La luz verde a la sustitución de los 22 paneles de vidrio (donde está representada el águila de San Juan que el franquismo adoptó como símbolo) de los 231 que componen el lucernario ha llegado algo más de un año después de que por parte del Banco de España se solicitara el permiso municipal, lo que se registró en mayo de 2023.  

La entidad respondía así al requerimiento que en febrero de 2022 le realizó la Generalitat instando al desmontaje del emblema del régimen del dictador Francisco Franco en aplicación de la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno del Botanic, en vigor desde noviembre de 2017.

Sede el Banco de España en la Rambla de Alicante.

Sede el Banco de España en la Rambla de Alicante. / Jose Navarro

Sin que haya existido en ninguna momento objeción a permitir el desarme de esos 22 paneles, desde el Consistorio atribuyeron la demora en autorizarlo al hecho de que se trata de un edificio catalogado, para los que actualmente están suspendidas las licencias mientras se tramita el catálogo municipal.  

Por ello era preceptivo solicitar un informe, lo que la Concejalía de Patrimonio y Urbanismo hizo el pasado 30 de enero al Servicio de Disciplina Urbanística, tras el que se ha acabado dando «licencia de intervención en edificio catalogado» con la que, una vez que le sea notificada al Banco de España, la entidad podrá proceder a la retirada del aguilucho. 

En un almacén

A falta de concreción por parte de la entidad financiera sobre cómo se acometerá el desmontaje, fuentes municipales adelantaron que la idea es sustituir los paneles que ocupa el escudo preconstitucional por otros tantos sin ninguna imagen en línea con el resto del lucernario. Las piezas retiradas se guardarán en un almacén municipal. 

El águila preside el patio de operaciones de la sede del Banco de España en Alicante desde que el arquitecto José Yárnoz decidió decorar así la parte central del lucernario hace casi 80 años.

En 2013, con Mariano Rajoy como presidente, el Gobierno rechazó retirar el emblema debido a que «supondría atentar contra la integridad del conjunto» y podría ocasionar «riesgos» sobre su conservación.

La Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia dedica su capítulo II a los «Símbolos, vestigios y actos contrarios a la memoria democrática».  

Contrario a la dignidad democrática

El artículo 39 considera contrario a esta memoria democrática y a la dignidad de las víctimas «la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el nomenclátor de calles, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo de la sublevación militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial».

Y establece que «las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana (...) adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y la dignidad». Aun así, cerca de un centenar de vestigios de la dictadura franquista perviven todavía en la provincia y solo una veintena de municipios aseguran no contar con ninguno.

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