Lo del APR-7 de Sierra Helada puede parecer muy fácil. Una serie de empresas, en este caso mercantiles de la familia Puchades y Edificaciones de Calpe, tienen unos terrenos en un paraje urbano, una administración decide proteger ese suelo y por lo tanto ha de indemnizar a esos propietarios. Y punto. Pero no. La cosa no es tan sencilla. Por muy extraño que parezca, resulta que la administración que preserva es diferente de la que indemniza. La primera es la Generalitat, que ha protegido ese suelo no una sino dos veces: en 2005, cuando lo incluyó en el parque natural de Serra Helada; y en 2012, cuando a través de una Declaración de Impacto Medio Ambiental (DIA) consideró esos 542.000 m2, "suelo no urbanizable de protección paisajística".

En cambio, la administración que compensa a los propietarios es el propio Ayuntamiento de Benidorm. En 2003, cuando la declaración de la sierra como parque ya era inminente, el alcalde de la época, el popular Vicente Pérez Devesa, firmó un convenio con los empresarios de Sierra Helada por los que permitía a estos obtener terrenos en otras zonas de la ciudad a cambio de renunciar a sus derechos en el paraje. Ese acuerdo fue prorrogado en 2010 por el actual edil socialista, Agustín Navarro, quien, el pasado martes ha vuelto a renovarlo de la mano de su actual concejal de Urbanismo, el liberal Vicente Juan Ivorra.

Una primera duda: ¿si la Generalitat es la que protege no es la que debería pagar? De hecho, en el convenio de 2010, el entonces edil de Urbanismo, Jaime Llinares, muy crítico con esta historia, logró introducir una cláusula por la que el acuerdo con los propietarios podía suspenderse si el Consell emitía una DIA que preservara los terrenos, como así ha sido. Sin embargo, en 2013 ningún miembro del gobierno local ha aludido a esa cláusula.

Más misterios: si a los propietarios se les tenía que compensar era porque su suelo era urbano y valía una serie de m2 de techo -en concreto 102.000- o unidades de aprovechamiento -160.000- que el Ayuntamiento les cedería en otras zonas de Benidorm aún por desarrollar. Pero es que la DIA de 2012 ya no consideraba ese suelo urbano; y, por lo tanto, las unidades de aprovechamiento ha obtener por los propietarios ya no sería de 160.000 sino de É0. ¿Tienen aún así derecho a compensación esas empresas? Ayer, el actual grupo municipal del PP -que ya nada tiene que ver con el de Pérez Devesa- pidió informes sobre estas cuestiones.

Cuando en 1990 el Ayuntamiento redactó el actual PGOU quiso que Sierra Helada fuera urbanizable. Pero el Consell no lo vio claro. Y suspendió esas zonas precisamente hasta que 22 años después emitió esa DIA. En ese periodo de tiempo pasaron varias cosas: en 1996, la propia Conselleria puso en duda que esos terrenos fueran urbanos -y que por lo tanto los propietarios pudieran exigir compensaciones- por carecer de determinadas infraestructuras. A pesar de esta circunstancia y de que el planeamiento del suelo estaba suspendido, el Consistorio firmó en 2003 el primero de esos convenios.