El TSJ anula la adjudicación del transporte escolar de Benidorm y el Consell deberá pagar 226.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha anulado la adjudicación del contrato del transporte escolar de Benidorm que se puso en marcha para el curso 2023-2024. Así se recoge en una sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, en la que, además, se recoge que la Generalitat Valenciana, quien adjudicó este servicio, tiene que indemnizar a la empresa que quedó segunda en el concurso público con 226.000 euros. El fallo puede ser recurrido en casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCV.

El servicio de transporte escolar de centros docentes públicos de titularidad de la Generalitat Valenciana para los cursos 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026 se licitó en diciembre de 2022 por el anterior gobierno del Botánic para que se pusiera en marcha el curso que ahora ha terminado para toda la Comunidad. En el lote referente a Benidorm y comarca se presentaron dos empresas, la actual adjudicataria que era una UTE y la que ha recurrido la adjudicación, también un conglomerado de ocho mercantiles. Esta última, acabó en los tribunales tras la adjudicación del servicio por parte ya del nuevo gobierno del Consell de PP y Vox.

La sentencia que ahora ha emitido el TSJ estima de forma parcial el recurso contencioso-administrativo presentado por esas ocho mercantiles entre las que están Autocares Arabi SL, Frgbus SL, Medel Orozco Tours, Autocares Grupo Benidorm SLU, JNavarro Bus SL, Ultramar Express Transport SAU, Autocares Benissa SL y Autocares Iberobus SA. El tirbunal valenciano les da la razón en la valoración que se hizo sobre los vehículos.

El fallo recoge que se puntuaron varios vehículos aportados por una de las empresas "cuando en la época temporal en que fue requerida para asumir las previsiones de la observación segunda del apartado Y, algunos de esos vehículos-chasis aún se encontraban en proceso de fabricación", entre otros argumentos. Lo que "le daría ventaja competitiva respecto a los demás oferentes que solo han presentado aquellos vehículos-chasis nuevos sobre los que se disponía de la documentación requerida". La otra reclamación, sobre la legitimidad de la empresa adjudicataria, no se admite.

Por tanto, según recoge la sentencia, se estima parcialmente el "recurso presentado por Medel Orozco Tours S.L. y otras siete sociedades frente a un acuerdo, del día 6 de junio de 2023, de la subsecretaria de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte". Un acuerdo que fue confirmado el 3 de agosto del pasado año por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) después de que la empresa que quedó segunda también lo recurriera ante este órgano, aunque el recurso fue rechazado y, por ello, acudió al TSJ.

Y además indica que tanto, "Medel Orozco Tours S.L. y otros cuentan con el derecho a que la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte les adjudique el contrato de 21 prestación del servicio de transporte escolar de centros docentes públicos de titularidad de la Generalitat, para los cursos 2023-2024, 2024-2025 y 2025- 2026. En lo relativo al Lote 13". Todo porque obtuvieron "la segunda mejor puntuación en este lote: 91,23 puntos. Frente a 92,00 puntos de la UTE adjudicataria".

El fallo sí anula el contrato y recoge lo solicitado por el conglomerado de empresas: una indemnización equivalente al 6 % del importe de adjudicación, más los intereses legales. Como el contrato ya ha estado en marcha durante el curso escolar 2023-2024, "se reconoce el derecho de las empresas actoras a obtener el 6 % del precio de adjudicación de este lote". Eso es que "los recurrentes han de recibir, en concepto de indemnización por no prestar el servicio durante el curso escolar 2023-2024: dos cientos veintiséis mil novecientos veinticinco euros con trece céntimos (226.924,13 euros)".

Una cifra que se calcula con "11.346.256,50 euros, que es el precio de adjudicación sin adicionarle el impuesto sobre el valor añadido, dividido por tres (que da 3.782.085,5 euros), con la correlativa aplicación del 6 % a esta suma: 226.924,13 euros", según la sentencia. Además recoge que el "interés de demora de esta cantidad se inicia a partir de la notificación de la sentencia a la abogada de la Generalitat. Y siempre teniendo en cuenta, como se ha indicado ya, que corresponde el derecho a lograr este importe siempre que no haya mayor inconveniente contractual en adjudicarles el contrato". Además se imponen las costas a la Generalitat y a la UTE adjudicataria que alcanzan una cuantía total de 6.000 euros.

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