La nueva ley de PP y Vox acelera la elección del director de Antifraude

La aprobación de la nueva ley de la Agencia Antifraude ha actuado como un chute de adrenalina sobre la elección de quien debe dirigirla. Apenas unas horas después de que el hemiciclo validara la norma y esta fuera publicada en el DOGV, la Presidencia de las Cortes ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para suceder a Joan Llinares, quien ha sido el director del ente desde 2017, y al actual director en funciones Anselm Bodoque. 

La convocatoria toma la vía exprés y según la resolución firmada por Llanos Massó, máxima responsable del parlamento autonómico, el plazo abierto es de una semana, hasta el próximo 8 de julio. Hasta esa fecha pueden proponer candidaturas los grupos parlamentarios y las organizaciones sociales que trabajan contra el fraude y la corrupción en la Comunidad Valenciana, tiempos muy distintos a los vistos hace seis meses, en el primer intento de renovación de Llinares, cuando el plazo fue del 6 de diciembre al 17 de enero.

Este es el segundo intento para renovar la dirección del organismo y que se haya activado inmediatamente después del cambio de norma no es casualidad. La principal novedad que conlleva este nuevo proyecto legislativo impulsado por el PP y apoyado por Vox es que se podrá elegir al director por mayoría absoluta en lugar de una cualificada de tres quintos en caso de que haya una segunda votación. Esto es, si 60 diputados no dan su respaldo en una primera votación, los votos de PP y Vox serían suficientes para sacar adelante el nombramiento.

La falta de apoyo por parte de populares y voxistas fue el que provocó que la candidatura del que fuera único aspirante a suceder a Llinares en mayo decayera. Gustavo Segura, director de Análisis de la agencia, fue propuesto por las entidades Acción Cívica Contra la Corrupción, Observatori Ciutadà Contra la Corrupció y Fundación por la Justicia, pero PP y Vox votaron en contra de su idoneidad en comisión, tumbando su candidatura.

Exclusión candidatura

Gustavo se quedó como único aspirante después de que la Mesa de las Corts excluyera la candidatura del exdelegado de la Agencia Tributaria Eduardo Beut, propuesto por la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública (AEGAP). Sin embargo, el informe de los letrados de la cámara instó a descartarlo por no partir de una organización que trabaje contra el fraude y la corrupción. Ahora, ese proceso se vuelve a iniciar y los grupos parlamentarios podrían presentar a su candidato.

En cuanto al proceso de selección, las personas propuestas tendrán que reunir los requisitos de la ley. Para acreditarlo, los escritos de candidaturas deberán acompañarse de la documentación que se considere procedente y, en cualquier caso, de un currículum de la persona propuesta y de documentación acreditativa de la vecindad administrativa y de estar en posesión de un título universitario superior. Además, las propuestas presentadas por las organizaciones sociales a las que hace referencia el apartado 4 del artículo 26 de la Ley 11/2016 tendrán que incorporar una declaración responsable.