Más transparencia

La CNMC propone fiscalizar a los 'influencers' para evitar irregularidades

Competencia equipara a los creadores de contenido relevantes a plataformas como Netflix y plantea obligarles a tener un buzón de quejas para los usuarios

El Rubius, uno de los influencers más conocidos

El Rubius, uno de los influencers más conocidos / YOUTUBE

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Los 'influencers' españoles podrían verse obligados a regular su actividad. Así lo quiere la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ayer propuso al Gobierno que los creadores de contenido en internet "de especial relevancia" deban inscribirse al Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual para que haya una mayor transparencia de sus actividades y se eviten así posibles irregularidades.

La petición de la CNMC equiparará legalmente a los 'streamers', 'youtubers', 'tiktokers' y blogueros más populares del país a las grandes plataformas de 'streaming' como Netflix y les obligará a habilitar un buzón para que sus espectadores puedan ejercer su derecho a queja y réplica. "Son dos elementos que contribuyen a la transparencia del sector y que ofrecen a los usuarios la información y procedimiento mínimo para reclamar y poder defender sus derechos", se señala en el borrador.

Con esta propuesta, Competencia quiere que se pueda regular la actividad comercial de los 'influencers', eso es, las campañas publicitarias que protagonizan durante su actividad en línea. También habrá una mayor supervisión de los contenidos que compartan, para evitar que se difundan mensajes perjudiciales.

También afectará al pódcast

La regulación no sólo afectará a los creadores de contenidos en vídeo, sino también a los 'podcasters' que crean contenidos en audio. Esos deberán clasificarse de forma separada "para tener un conocimiento preciso del sector por tipo de servicio". Los creadores de pódcast ya figuraban en la Ley Audiovisual de 2010, pero debido a su reciente popularidad la CNMC quiere que haya una mayor transparencia y supervisión de su actividad.

En julio de 2022 entró en vigor la nueva Ley de Comunicación Audiovisual, que contemplaba una modificación del registro público para incorporar tanto a las plataformas de vídeo a la carta como a los prescriptores de opinión en la red. A finales de diciembre, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital abrió una consulta público sobre cómo debía ser esa modificación y ahora la CNMC ha propuesto un borrador del nuevo Real Decreto de la Ley Audiovisual, que aún debe ser aprobado.

Este cambio obligará a los 'streamers' con más audiencia apuntarse al registro público y especificar datos de identificación personal como sus nombres o el NIF, pero también datos referentes a su servicio, como su modelo de financiación y retransmisión, la denominación comercial y la temática del contenido difundido.

La visión de la CNMC también reserva un apartado para la pornografía. En relación a las plataformas, quiere establecer un procedimiento para recurrir a las autoridades judiciales cuando se incluyan "contenidos que puedan afectar el desarrollo físico, mental o moral de las menores, como son los de carácter pornográfico" para así poder ordenar el cese de los servicios.