La OCDE recomienda a España que "experimente" con la reducción de la jornada laboral

La organización de países desarrollados OCDE recomienda al Gobierno español que, de acuerdo con los interlocutores sociales, "experimente" con políticas de reducción de la actual jornada laboral de 40 horas con el fin de comprender mejor "en qué medida una semana laboral más corta puede generar efectos de productividad suficientemente grandes como para compensar a los empleadores por el aumento de los costos laborales y/o a los trabajadores por la pérdida de ingresos (dependiendo de la forma en que se implemente la semana laboral más corta)".

En el informe 'Reactivar el crecimiento de la productividad ampliamente compartida en España', publicado este miércoles, la OCDE propone al Gobierno una batería de medidas que, desde su punto de vista, deberían servir para mejorar el funcionamiento de la economía española. En líneas generales, la OCDE respalda la reforma laboral de 2021 en España que limitó estrictamente el uso de contratos temporales y recomienda ir más lejos por ese camino y promover más la transición a contratos regulares de duración indefinida.

El organismo que dirige Mathías Cormann reconoce que tanto en España como en otros países de la OCDE existe un debate creciente sobre el potencial papel de una semana laboral más corta para el bienestar y la productividad. El informe admite que aún no existen evidencias claras sobre esta cuestión y por ello sugiere al Gobierno español "aprovechar la fuerte participación de los interlocutores sociales en la regulación del tiempo de trabajo para promover la experimentación de políticas y ampliar la base empírica" y concluir si la reducción de jornada puede mejorar la productividad y si sería preferible optar por trabajar menos días o menos horas por día.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha participado con Cormann en la presentación del informe, en París, ha interpretado el documento como un aval a favor de la voluntad del Gobierno para "acabar con la temporalidad" y mantener el objetivo de reducir este año "la jornada laboral a 38,5 horas semanales, sin reducir el salario de los trabajadores". 

En la lógica del Ministerio de Trabajo, según la vicepresidenta, el aumento de la productividad de las empresas y trabajadores pasa por la reducción de la jornada laboral, y el aumento de salarios, así como también mejorar las vías de conciliación familiar. Para ello, el Gobierno prevé aumentar los controles a las empresas y reformular el registro de los horarios laborales para evitar los "fraudes".

Despido de mutuo acuerdo

Dentro del bloque de medidas para mejorar el funcionamiento del mercado laboral, la OCDE también propone a España dar más facilidades para que los trabajadores puedan rescindir sus contratos de mutuo acuerdo con la empresa sin perder el derecho al paro o a los servicios del desempleo.

Según la OCDE, se trata de corregir algo que distingue a España de muchos otros países miembros, y es que al no tener derecho al paro o a esos servicios, están menos dispuestos a rescindir voluntariamente sus contratos y en paralelo aumenta el coste de despido para las empresas.

El informe recuerda que varios países han establecido mecanismos específicos de resolución previa al despido para garantizar la terminación del empleo para los empleadores. Así, por ejemplo, Francia introdujo un plan formalizado de rescisión por mutuo acuerdo en 2008 ('rupture conventionnelle'). El acuerdo debe ser aprobado por el Ministerio de Trabajo y está sujeto a un período de reflexión, después del cual el empleado tiene derecho a una indemnización por despido estándar (o más) y prestaciones de desempleo.

La subida del SMI solo ha restado 7.000 empleos

Según el diagnóstico de la OCDE, España se ha enfrentado a un débil crecimiento de los salarios y la productividad durante varias décadas. De hecho, el crecimiento de los salarios reales en España se ha mantenido cercano a cero desde la década de 1990, e incluso se volvió ligeramente negativo en la década de 2010, sin poder seguir el ritmo del ya débil crecimiento de la productividad. 

El organismo internacional explica que el salario mínimo se ha convertido en una parte importante del conjunto de herramientas políticas en España. Se incrementó de un nivel relativamente bajo de alrededor del 45% del salario medio bruto en el sector privado en 2018, muy por debajo del promedio de la OCDE, al 58% en 2022 y se prevé que aumente aún más hasta el 62% del salario medio bruto ( que corresponde al 60% del salario medio neto). La mayor parte del aumento se realizó en un solo paso en 2019.

La evaluación de la OCDE de la reforma del salario mínimo de 2019 sugiere que impulsó significativamente los salarios de los trabajadores con salarios bajos sin causar pérdidas sustanciales de empleos: aumentó los salarios de los trabajadores directamente afectados en casi un 6%, mientras que redujo el empleo en solo un 0,6%, o alrededor de 7.000 puestos de trabajo, muy por debajo de las estimaciones que había realizado el Banco de España. "En resumen -concluyen- la subida del salario mínimo de 2019 tuvo un efecto positivo en los salarios de los trabajadores con salarios bajos, sin causar pérdidas sustanciales de empleo".

Menor temporalidad

Sobre el tipo de contratos, los expertos que han elaborado el estudio se felicitan de que la reforma de 2021 haya "restringido considerablemente el uso de contratos de duración determinada", para los que había una "dependencia excesiva".

Si España era todavía en 2021 con un 20% el segundo país de la OCDE (sólo por detrás de Corea del Sur) donde más pesaban los contratos temporales, en el primer trimestre de 2023 el porcentaje había bajado al 15%. "Hoy la tasa de temporalidad española está por debajo de la media europea (...). España tuvo cifras de temporalidad insoportables", afirmaba Yolanda Díaz, e insiste en los progresos positivos del país: "Hemos cambiado de manera radical con nuestra reforma laboral que tenía como objetivo acabar con la temporalidad".

Una baja eficiencia y una baja inversión

Detrás de esas malas cifras de la productividad están sobre todo una menor eficiencia en la adopción de tecnologías de producción y prácticas de gestión avanzadas por las dificultades de las empresas y de los trabajadores para adaptarse a los cambios tecnológicos y a la globalización.

También a una caída de la inversión, especialmente acusada por la burbuja inmobiliaria a comienzos de los años 2000, que absorbió mucho dinero, así como por la exposición de los bancos al ladrillo. "Estamos haciendo grandes cambios en el mundo laboral pero necesitamos que las empresas nos acompañen, que mejoren las condiciones, pero también las inversiones", insistía la vicepresidente ante la OCDE.

Los autores del estudio insisten en que para reactivar la progresión de la productividad hay que "corregir los persistentes desequilibrios de cualificación que limitan la adopción de nuevas tecnologías", transferir recursos de las empresas menos productivas a las más productivas y abordar las disparidades entre comunidades autónomas en este asunto.