Las empresas alicantinas, a la caza de nuevos ingenieros industriales

Labcer es una empresa de la Vega Baja que recibe una media de 4.000 peticiones al año para inspecciones de ascensores. Es un organismo autorizado dentro de la quincena de compañías, aproximadamente que operan en la provincia de Alicante. En los últimos meses, han visto como las llamadas se duplicaban en este sentido y como la llegada de la nueva ley ha puesto a prueba su agenda. 

«No hay ingenieros industriales», subraya el director técnico Joaquín García.»No encontramos», insiste. Para el puesto de inspector de ascensores, estos profesionales son los más adecuados por sus conocimientos de mecánica y electricidad. Su formación se complementa después con un curso de especialización de dos meses, pero el responsable de Labcer reconoce que llevan bien preparados. No obstante, el problema es que «los estamos buscando». Su demanda se suma a la que hay alrededor de otros colectivos como los transportistas y que demuestran los desajustes del mercado laboral.  

Junto a este problema, desde este organismo controlador explican que la nueva normativa es garantista y que el desbordamiento de peticiones procede del hecho de que la nueva ley obliga a que las inspecciones las haga una empresa externa a la de mantenimiento. «El Real Decreto que entró este lunes marca claramente este hecho. Hasta ahora, los encargados de mantenimiento ofrecían a los vecinos la opción de pasar las inspecciones. Eso se acabó». 

«Es muy mala época, porque hay un mayor uso de los ascensores en fincas residenciales»,

También el Ministerio de Industria indica en la norma que «todos los ascensores de España caducados -sin pasar la ITC- hay que cerrarlos en un mes», subraya. Posteriormente, el Gobierno justo tres días antes de que entrara en vigor la ley (28 de junio) , publicó una «guía parcial» que en realidad era un documento de trabajo con respuestas a las dudas planteadas por los técnicos. Entre las aclaraciones, marcó la fecha del 1 de octubre como fecha en el que las empresas mantenedoras ya no podrán hacer oídos sordos a la pegatina caducada de la inspección y cerrarlo. 

«La avalancha de inspecciones se ha multiplicado por tres», comenta Joaquín García y «lo que tratamos es de dar respuesta cuanto antes». El responsable considera que ha sido un error dejar solo dos meses desde que se publicara el decreto hasta que entró en vigor, porque no se ha podido evitar ese efecto llamada. En este punto, la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas, María del Mar Rodríguez, añade que para zonas como la provincia de Alicante estamos en un periodo estival y, por lo tanto, coinciden las vacaciones de los operadores con la llegada de turistas y visitantes con segunda residencia. «Es muy mala época, porque hay un mayor uso de los ascensores en fincas residenciales», comenta.

Digitalización

Preguntado sobre el procedimiento, el director técnico destaca que la Comunidad Valenciana, «al menos, cuenta con una aplicación que nos permite que el proceso sea ya digital. Otras comunidades no lo tiene». García lo estaca, porque la Consellería de Industria ahora recopilará obligatoriamente más datos. 

La radiografía del parque de ascensores de las tres provincias será más completa y actualizada. «El problema es que nos exigen comunicar las incidencias», comenta en referencia a que el proceso es más complejo. 

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