Moncloa se abre a retrasar la reducción de jornada para sumar a la patronal al acuerdo

Desde la Moncloa ven con buenos ojos que la negociación para una ley de reducción de jornada se dilate en el tiempo si ello sirve para sumar a la patronal al acuerdo. Aunque también signifique que la entrada en vigor de las 37,5 horas semanales -hoy la norma fija 40 horas- se retrase más allá del 1 de enero del 2025, tal como pretende el Ministerio de Trabajo.

Las negociaciones entre Yolanda Díaz y los agentes sociales sobre esta materia enfilaban hasta ahora su recta final. La patronal ha declinado -hasta la fecha- entrar a rebatir con propuestas escritas las tesis de Trabajo, que los sindicatos, en lo mollar, ya ven con buenos ojos. Díaz ha tratado de sumar a los patronos a una negociación activa, alternando 'pseudo ultimátums' con la mano tendida y anuncios de nuevas propuestas para tratar de convencerlos, como hizo esta semana pensando en la reunión prevista este próximo lunes.

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No obstante, la CEOE ha reiterado su oposición a Díaz, tal como se evidenció en el acto empresarial contra la "injerencia del Gobierno en las empresas", amadrinado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Si bien dentro de la propia patronal no hay exactamente el mismo discurso. Frente a la contundencia de los vicepresidentes de CEOE, su líder, Antonio Garamendi, se desmarcó en ese mismo acto del tono crispado y pidió "moderación". Ahí se agarran desde Moncloa para invocar más recorrido a la negociación.

La parte socialista del Gobierno considera que conviene redoblar los esfuerzos para atraer a los empresarios a una iniciativa que los dos socios de la coalición, el PSOE y Sumar, se comprometieron en su acuerdo de legislatura a que estuviera ya en vigor el 1 de enero de 2025. "Hay que dar una oportunidad al diálogo. Preferimos llegar un poco más tarde, pero hay que agotar las posibilidades y a lo mejor no correr tanto", señalan fuentes de la Moncloa, que ya le han trasladado este punto de vista a Díaz.  

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Ya el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anticipado este jueves por la mañana ese posicionamiento en una entrevista en Onda Cero. En la misma ha remarcado que hay una negociación "en curso", que se tienen que dar "el tiempo necesario" y que "lo importante es encontrar un punto de equilibrio".

Los socialistas ofrecen dos argumentos para justificar la necesidad de sacrificar los tiempos en aras de un pacto más amplio. Por un lado, consideran que la medida tendrá más recorrido si el entendimiento abarca no solo a los sindicatos sino también a la CEOE. “Hay posibilidades de acuerdo”, anticipan los mismos interlocutores, que también dejan claro que siguen apostando por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas como máximo sin que merme el salario. 

Por otro, la futura ley que regule la iniciativa tendrá que ser aprobada por el Congreso de los Diputados. Ante el seguro rechazo del PP, todo vuelve a pasar por el bloque de investidura, en el que Junts y el PNV son miembros indispensables. Un pacto con la patronal haría que los nacionalistas vascos votasen a favor, concluyen en la Moncloa, y también serviría a acercar a los posconvergentes.

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Fuentes de Trabajo insisten en la línea que llevan defendiendo desde hace días. Si hay un cambio de actitud, se alargará "sin fecha de caducidad" la negociación, si no lo hay, se negociará unilateralmente con los sindicatos para cerrar "cuanto antes" un acuerdo y remitirlo al Congreso.

Cuestión de tiempos

El principal problema que implica alargar las negociaciones con la patronal es la entrada en vigor de la norma. Por tiempos legislativos y asumiendo que la oposición PP aprovechara todos sus diputados y senadores para dilatar la aplicación de la norma, de remitirse en los próximos días al Congreso un texto, este no podría estar en vigor hasta mediados o finales de diciembre. Y la promesa electoral, plasmada en el primer borrador remitido a patronal y sindicatos, es que las 37,5 horas estuvieran en vigor ya el 1 de enero del 2025.

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Cuanto más tiempo se alargue la negociación en el diálogo social, más probabilidades hay que se dilate la entrada en vigor de la norma más allá de esa fecha. Si bien el apoyo de la patronal puede facilitar que esta supere el trámite parlamentario. Aunque como recuerdan desde la bancada sindical, ello tampoco es garantía absoluta de que ello suceda, tal como pasó con la reforma laboral aprobada en 2021. La norma llegó con el aval tripartito, pero finalmente se acabó aprobando por un voto erróneo de un diputado del PP, que sí hubiera votado según su partido, hubiera hecho decaer la norma.

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