David vence a Goliat en la batalla del agua de Crevillent

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Elche da la razón a los vecinos y determina que existe una recepción tácita por parte del Ayuntamiento de las conducciones desde el año 1995 en San Antonio de la Florida

Vista aérea de la partida de San Antonio de la Florida y en azul está marcado el paso de la conducción

Vista aérea de la partida de San Antonio de la Florida y en azul está marcado el paso de la conducción / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Crevillent tendrá que hacerse cargo de la red de agua potable de la partida de San Antonio de la Florida. Una resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Elche pone fin a la batalla del agua iniciada hace décadas y que afectaba a más de una veintena de familias de la zona, que todo este tiempo habían estado recurriendo administrativamente unas órdenes de ejecución, dictadas por el Ayuntamiento de Crevillent, para que sufragaran, de su propio bolsillo, el arreglo de las roturas de la tubería de agua potable que lleva el agua hasta sus casas.

Los vecinos afectados, se pusieron en manos de los abogados de Crevillent Joaquín Gómez (Despacho Gómez Nieto Abogados) y de Alberto Navarro (Asesoría Alfilsa SL) quienes han conseguido que el Juzgado les dé la razón en tres sentencias dictadas a finales de este mes de junio.

Razonamiento

Ahora, el citado órgano judicial resuelve. El juez, en sus sentencias -son varias porque los vecinos presentaron recursos por separado- de más de 13 folios cada una de ellas, analiza el expediente administrativo así como la normativa aplicable al efecto y basa su «ratio decidendi» (razonamiento) en la existencia de una recepción tácita de las obras desde el año 1995.

En concreto, en los fundamentos de la sentencia se indica que el Ayuntamiento de Crevillent reconoce que la finalidad de las obras realizada en su día, por la Cooperativa L’Aigüeta, fue la cesión de las mismas a la Administración para que esta se encargase de su mantenimiento y conservación.

Dichas obras fueron sufragadas por la Cooperativa L’Aigüeta y ofrecidas formalmente al Ayuntamiento, siendo entonces los propietarios autorizados administrativamente para la instalación de las acometidas, permitiendo así el Ayuntamiento la toma de agua potable al domicilio de los solicitantes, previo pago de las tasas y derechos correspondientes, que fueron abonados.

Escape de agua en la partida de San Antonio de la Florida de Crevillent

Escape de agua en la partida de San Antonio de la Florida de Crevillent / INFORMACIÓN

También refuerza el juez su convicción en que, con posterioridad a la finalización de las obras, el Ayuntamiento concedió licencias de obras y cédulas de habitabilidad a los propietarios que permiten sostener la recepción tácita de las obras de la red de suministro de agua potable.

Las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Contencioso son firmes y no se pueden recurrir en apelación. Además, al haber declarado nulo el acto administrativo que les obligaba a reparar los desperfectos, hace decaer las repercusiones de gastos abonadas por los vecinos para el arreglo de la infraestructura hidráulica declarada como pública.

Ahora, los vecinos están pendientes de que el Ayuntamiento inicie de oficio un expediente de devolución de ingresos indebidos, a la vista de las sentencias dictadas, o si esperarán a que sean los propietarios los que soliciten la devolución de lo que nunca debieron abonar.

Los vecinos están muy satisfechos con las sentencias dictadas porque avalan los razonamientos esgrimidos por ellos desde hace décadas ante el Ayuntamiento de Crevillent y, además, porque no deben hacer frente a los más de 300.000 euros que los técnicos municipales apuntaban como presupuesto para que la infraestructura hidráulica pudiese ser recepcionada.

La alcaldesa acepta

Por su parte, la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, manifestaba a este diario que en este problema «heredado» de hace décadas «siempre se ha actuado siguiendo el criterio de los informes de los técnicos municipales, que consideraban que la propiedad de las conducciones era de los vecinos. El verano pasado hubo una rotura grave y tuvimos que actuar de forma urgente y repercutimos los costes a los vecinos. Si ahora el juez dice que la titularidad es municipal tenemos aceptarlo».

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