Tribunales
La fiscalía pide la amnistía para Mas, Ortega y Rigau por la consulta del 9-N
El fiscal expone en su escrito que la conducta de los tres exmiembros del Ejecutivo catalán entra de lleno en la ley de amnistía, al haber sido condenados por desobediencia
![Artur Mas.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/7b157226-f65b-4fe6-80a0-3b8ed98b2c5e_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Artur Mas. / JORDI OTIX
J. G. Albalat
La Fiscalía Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha instado a que se aplique la amnistía al expresidente, Artur Mas, a la exvicepresidenta, Joana Ortega; y la exconsellera de Educació, Irene Rigau, por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, a pesar de que la condena ya se ha ejecutado en su totalidad, según el escrito al que ha tenido acceso El Periódico, del mismo grupo editorial que este diario.
En diciembre de 2018, el Tribunal Supremo rebajó la pena impuesta a un año y un mes de inhabilitación a Mas (había sido condenado en 2017 por el TSJC a dos años), nueve meses para Ortega (antes un año y nueve meses) y seis meses a Rigau (antes un año y seis meses) por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.
El fiscal expone en su escrito que la conducta de los tres exmiembros del Ejecutivo catalán entra de lleno en la ley de amnistía, al haber sido condenados por desobediencia. La normativa precisa que serán amnistiados "los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos o resistencia que hubieran sido ejecutando con el propósito de permitir la celebración de las consultas populares".
Eso sí, esta ley establece que la amnistía no da derecho a los beneficiarios "a la restitución de las multas pagadas", que en el caso del 9-N era de 36.000 euros para Mas, 30.000 euros para Ortega y 24.000 euros para Rigau.
Caso omiso al TC
La sentencia dictada en su día por el TSJC sostenía que el expresidente de la Generalitat "nada hizo" para suspender o paralizar la consulta del 9-N "a pesar de tener un perfecto conocimiento del contenido y efectos" de la providencia dictada por el TC el 4 de noviembre de 2014. Con esa actitud, añadía, "pervirtió los principios de la democracia básicos para la convivencia pacífica".
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