Gana la democracia, pierde la fachosfera

El acuerdo alcanzado in extremis entre el PSOE y el Partido Popular en relación con el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial ha puesto fin a cinco años de incumplimiento de la Constitución Española por parte del Partido Popular y en concreto de uno de sus artículos más importantes puesto que regula el órgano que tiene fundamentales funciones en la Justicia que afectan a todos los ciudadanos. Hay que reconocer el éxito del PP, puesto que haberse negado a cumplir con la Constitución y la Ley Órganica del Poder Judicial durante cinco años sin que haya tenido ninguna consecuencia jurídica ni social para el PP y haber conseguido que parte de la ciudadanía se haya creído la martingala de que si no se renovaba el CGPJ era culpa del PSOE, ha sido, repito, un éxito para el PP. Me hubiera gustado que durante estos cinco años de incumplimiento constitucional del PP todos esos catedráticos y expertos juristas que han criticado cada una de las decisiones y cada ley del actual Gobierno que ha aprobado se hubiesen referido también al gravísimo incumplimiento del PP. Sin embargo, hemos podido observar un largo y cálido silencio motivado, con toda seguridad, por el deseo de todos esos insignes expertos en Derecho de conseguir un cargo en una administración popular tras un hipotético triunfo del Partido Popular en unas próximas elecciones generales que le permitiesen formar Gobierno.

Tal vez recuerde el amable lector la campaña que el PP llevó a cabo en las instituciones europeas solicitando auxilio por una supuesta e inminente llegada de la dictadura a España. El PP incluso inventó el término #helpus con el que inundó las redes sociales de peticiones de socorro ante el comportamiento del dictador Sánchez. Todo mi respeto hacia aquellas personas que de manera libre deciden hacer el ridículo, amplio grupo de personas en el que se incluyen los terraplanistas, los negacionistas de la existencia de la pandemia de covid-19 y mucho me temo también a los dirigentes del PP. En Europa se tomaron la amenaza de la dictadura como una boutade y el PP tuvo que asumir la dura realidad.

Resulta evidente que el acuerdo de renovación es una gran victoria del Gobierno porque cambian los vocales del CGPJ conforme a la legislación vigente, en ningún momento se asegura ni siquiera de manera remota que en un futuro próximo se consolide la manida y absurda frase de que «los jueces elijan a los jueces» y el PP con Feijóo a la cabeza vuelve al redil del cumplimiento de la ley. No hay que olvidar que el único motivo de la negativa del PP de renovar el CGPJ se ha debido a la minoría del PP en el Congreso de los Diputados lo que suponía que no iba a poder controlar este fundamental órgano institucional como ha hecho desde que fue renovado por última vez en tiempos de la mayoría parlamentaria de Mariano Rajoy. No hace falta ser muy avispado para saber que si en las últimas elecciones generales el PP hubiera conseguido mayoría parlamentaria suficiente para gobernar al día siguiente hubiera exigido al PSOE la renovación inmediata del CGPJ con arreglo a lo establecido por la Constitución Española y la LOPJ.

El frustrado intento del PP de acudir a Bruselas para conseguir doblegar al PSOE ha fracasado. Cuando Esteban González Pons, hombre fuerte de los populares en Europa, se topó con la cruda realidad, informó a Feijóo de que la argucia de intentar engañar a las autoridades europeas había sido un fiasco. Pretender hace creer en Europa que Pedro Sánchez planeaba convertir España en una república bananera comenzando por controlar la justicia fue tomado como un chiste malo.

Digno de reseña ha sido el silencio que se ha adueñado del ala dura del PP, con Díaz Ayuso a la cabeza. Hasta hace unos días cualquier posibilidad de acuerdo era hablar de herejías y de pactos con el diablo a lo que había que sumar la plana mayor de los medios de comunicación de derecha y los digitales de extrema derecha alertando de la destrucción de la patria española en caso de que un pacto con el PSOE no supusiese que los jueces fueran elegidos por los jueces. Lo que son las cosas, Feijóo ha vuelto al redil del cumplimiento de la ley y España no se ha hecho pedazos.

Al margen de todos estos chascarrillos queda el tema de fondo que no es otro que si la Justicia debe quedar al margen del control de la soberanía popular. Y la respuesta lógica dentro de un sistema democrático es que no. Los padres de la Constitución establecieron un sistema por el que todos los poderes se controlaban unos a otros y al mismo tiempo estén sometidos al voto y a los deseos de los ciudadanos. Por mucho que moleste a los jueces no van a estar al margen del control del resto de los poderes estatales. Que sean independientes en el ejercicio de su función jurisdiccional no significa que puedan hacer lo que les de la gana.