VPO, solución necesaria

Nos encontramos en la actualidad con uno de los problemas que más preocupa a nuestra sociedad: el acceso a una vivienda digna. Todos los días nos despertamos con noticias de desahucios, de jóvenes que con 30 años aún no han podido volar del nido familiar, que necesitan, debido al alto precio de los alquileres y a la falta de suelo, compartir la vivienda con otros jóvenes. Las viviendas que se ofertan en el mercado actual tienen pocos metros, incluso se alquilan por habitaciones.

Cuando analicé la Vivienda de Protección Oficial, también conocida como VPO, me convencí de que es la solución a la demanda de un colectivo tan amplio. Hace mucho tiempo que comprendí que se creó con el único fin de facilitar el acceso a la adquisición de una vivienda por aquellos compradores con un poder adquisitivo bajo, colectivos vulnerables y jóvenes que intentan emanciparse.

La ventaja principal de la adquisición de una vivienda de Protección Oficial está en el precio, unido a poder contar con todo tipo de ayudas financieras o subvencione, incluso ventajas fiscales, etc.

En el momento actual la Generalitat Valenciana está legislando una nueva normativa para poner en funcionamiento un decreto que regule la Vivienda Protegida, VPO, en la Comunidad Valenciana y que a la vez permita aumentar la seguridad jurídica y que unifique las leyes aplicables a las viviendas de protección, tanto de iniciativa pública como privada, a fin de garantizar la máxima transparencia. Todos debemos congratularnos de que esta normativa llegue a buen puerto.

Para llevar a cabo su consecución, se debe simplificar cuestiones como la calificación y los tipos de vivienda de protección pública, su régimen de uso, los visados de los contratos, la calificación, el sistema de fijación de costes, el acceso al Registro de la Vivienda y al de Demandantes de Vivienda, así como los requisitos del acceso al Patrimonio Público de Viviendas de la Generalitat.

Lo más importante es la revisión de algunos decretos de la VPO, debido a la demanda de los promotores que reivindican una actualización de las reglas y del valor fijado, hace bastante tiempo, para el módulo de 2.200 euros por metro cuadrado de superficie útil para las promociones de VPO que sean privadas y que se actualice la subida de los costes de obra que lleva sin revisarse más de diez años, lo que ha impedido el desarrollo de múltiples proyectos con la calificación de VPO porque sus costes no estaban ajustados a la subida de los precios de la construcción, a la vez que también se deben vincular los precios a la subida del IPC y la posibilidad de que el propietario de una vivienda pueda acceder a una vivienda de VPO cumpliendo ciertas normativas, que, por otro lado, impide incluso que las viviendas pertenecientes al patrimonio público -que se quedó en 1.530 euros por metro cuadrado útil- puedan ejecutarse.

Asimismo, se ha establecido la calificación permanente de las Viviendas de Protección Pública (VPP) para evitar la futura especulación, a la vez que obliga al solicitante de una vivienda pública a estar inscrito en el Registro de Demandantes de Viviendas de la Generalitat Valenciana. Además, todos los edificios que reciban la calificación de protección pública serán inscritos en el Registro de la Oferta de Viviendas de la Generalitat Valenciana para tenerlos controlados.

Una buena noticia es que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, haya respaldado el Plan VIVE y se haya comprometido a poner a disposición de la Consellería de Vivienda hasta ocho solares de titularidad municipal para que puedan destinarse a la promoción de esos inmuebles, enfocados en el alquiler asequible o en propiedad mediante la colaboración público-privada para poner el suelo municipal a disposición de los promotores de viviendas. De hecho, en estos momentos el Plan VIVE cuenta con una parcela perteneciente a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo situada en el barrio de Rabasa para la construcción de 38 viviendas en régimen de alquiler asequible a la vez que se trabaja para liberar suelo gracias al impulso dado a los nuevos desarrollos urbanos y lograr un planeamiento global para hacer esas cesiones de suelo.

En el PERI de Rabasa con una superficie total de 48.129,42 metros cuadrados cuyo desarrollo se programó en dos fases para permitir la construcción de un total de 417 viviendas de las que 336 serán protegidas. En la Fase B que se aprobó el pasado mes de abril en las 17 parcelas propiedad de la Generalitat, la Entidad Valenciana había proyectado un total de 117 viviendas de las que llegó a contratar la construcción de las primeras 32 que quedarían financiadas con fondos europeos y se destinarían al alquiler asequible, pero no obstante su obra aún no ha llegado a iniciarse. Con todo, la previsión es que se incorporen otros suelos actualmente en manos de la Entidad Valenciana y situados en otros barrios de Alicante, como el de Babel, por lo que podemos afirmar que Alicante se adhiere al Plan VIVE de promoción de vivienda pública impulsado por el Consell, como una de las ciudades con mayor oferta del suelo disponible.

Y todo lo expuesto es lo que da importancia al Plan VIVE y a su resultado tan necesario como positivo, sin olvidar la posibilidad de que las personas que vayan a adquirir una vivienda entren en la promoción a través de una Cooperativa de viviendas sin ánimo de lucro convirtiéndose en autopromotores de su propia vivienda.