Los menores como munición política

Los mismos días en los que la extrema derecha y la derecha extrema juntas han colocado en la diana política de sus odios y barbaridades a los Menores Extranjeros No Acompañados (cuyo acrónimo MENA usan de manera despectiva), un menor de padres extranjeros ha situado a la selección española, con su buen juego y sus goles, en la final de la Eurocopa, llevando a España y a la Roja a un reconocimiento mundial unánime, con el apoyo de toda la afición.

Paradojas del destino. Abascal, Feijóo y Tellado, entre otros, no han dejado de pedir la expulsión de los menores inmigrantes (pobres), sin dejar de criminalizarlos y avisarnos de su peligrosidad (cuando vivimos en uno de los países con las tasas de criminalidad más bajas de su historia), exigiendo llevar a la Armada española a las costas de los países africanos para impedir que salgan las pateras (por la fuerza y a cañonazos, se sobreentiende). Mientras tanto, no solo la familia de Lamine Yamal, de padre marroquí y de madre ecuatoguineana, sino también la de otro joven de la Roja como es Nico Williams, cuyos padres llegaron a España tras atravesar el Sáhara y saltar posteriormente la valla de Melilla, han luchado tanto por salir adelante y poder regularizar a sus hijos, que hoy son símbolos de un país joven, diverso, dinámico y con ganas de pelear por España.

Y es que solo Lamine Yamal ha hecho más por la convivencia y por una pedagogía positiva hacia los inmigrantes que muchos otros políticos incendiarios en toda su vida, sin dejar de reivindicar su barrio humilde de Rocafonda, en Mataró, uno de esos lugares en los que la gente pobre lucha por salir adelante y a los que Santiago Abascal y otros bárbaros llaman con desprecio «vertederos multiculturales».

Pero a veces es bueno que los números nos ayuden a tener una mejor perspectiva de las cosas. La polémica creada por el PP al cuestionar la acogida en diferentes comunidades de toda España de 337 Menores Extranjeros No Acompañados para descongestionar al grupo de 6.000 acumulados en las Islas Canarias en los últimos meses, junto a los otros 310 de Ceuta, hay que ponerla en comparación con los 200.154 refugiados ucranianos acogidos por España desde que comenzó la invasión de Rusia y se activó la Directiva de Europea de Protección Temporal, el 9 de marzo de 2022. De ellos, 55.835 son menores que, si bien están con sus familias, han requerido atención sanitaria, educativa, ayudas y apoyo social de distinta naturaleza. Pero claro, los 347 menores no acompañados de la polémica son negros y pobres, mientras que los 55.835 niños ucranianos acogidos por España son blancos y muchos de ellos con recursos. De hecho, cuando Carlos Mazón hablaba de la saturación de los centros de acogida de menores en la Comunidad Valenciana para dificultar la acogida de 23 de estos menores que nos corresponden, tendría que ponerlos en comparación con los 17.500 menores ucranianos que se han acogido e integrado en la sociedad valenciana sin sobresaltos en los dos últimos años.

Y claro que Mazón tiene razón cuando habla de las carencias y deficiencias en el sistema de acogida y protección de menores en esta comunidad, algo que viene desde hace demasiados años. En concreto, de cuando gobernaba su partido, el PP, en la Generalitat de la mano de los Zaplana, Camps, Cotino y Blasco, quienes privatizaron todo lo que pudieron, mientras algunos rebañaban o acumulaban comisiones, como atestiguan tantos y tantos sumarios judiciales. Es verdad que posteriormente, el Botànic tenía por delante una labor inmensa, pero tampoco fue capaz de impulsar todo el sistema de atención a menores no acompañados ni de crear una red permanente y estable de acogida a menores migrantes, algo que, por cierto, desde el Síndic de Greuges se ha venido trasladando a diferentes gobiernos en repetidas ocasiones.

La magnífica labor que durante años ha venido haciendo en este campo el Síndic de Greuges, con sus excelentes y rigurosos informes, quejas de oficio y atención a reclamaciones de distinta naturaleza es uno de los mayores testimonios de todo el trabajo que queda por hacer en esta comunidad. Mazón tiene una inmejorable oportunidad de cambiar esta situación, y en lugar de seguir utilizando este asunto como munición contra el Gobierno central y de amenazar con paralizar y bloquear decisiones, puede anunciar un plan de trabajo para mejorar, impulsar y renovar todo el sistema de protección a menores migrantes no acompañados en la Comunidad Valenciana, algo hasta la fecha pendiente.

Lo que no podemos ni debemos olvidar es que los niños y niñas son uno de los grupos humanos más vulnerables a las violaciones de los derechos fundamentales, con mayor motivo cuando a su condición de menores se añade la de migrantes, que con frecuencia han protagonizado viajes y desplazamientos en condiciones horrorosas, que están solos y carecen de progenitores y redes de apoyo familiar. Todo ello multiplica los factores de vulnerabilidad y fragilidad, estando amparados por la Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas de 1989 así como por la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, siendo ambas de obligado cumplimiento en base al llamado «Supremo interés del menor». De manera que el auxilio y el interés del menor son una obligación jurídica y moral, no una concesión política caprichosa de un partido.

Otra cosa es que analicemos cómo puede ser que, una vez más, España se encuentre sola ante la UE en la atención e intervención con migrantes y solicitantes de asilo mientras Europa se desentiende, a los pocos meses de haber aprobado un nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Y nadie habla de ello.