La AUGC de Alicante pide penas más duras por las agresiones a los agentes

La Asociación Unificada de Guardias Civiles considera necesario que se refuerce el principio de autoridad y que les consideren "profesionales de riesgo"

La Guardia Civil detiene de nuevo por la fuerza a las dos jóvenes que rechazan la construcción de viviendas turísticas en la Finca Langostina en Orihuela Costa ( 31 de mayo de 2024)

INFORMACIÓN

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Alicante ha realizado un llamamiento a Interior y a los responsables políticos para que se modifique el Código Penal y se aumenten las penas en las agresiones sufridas por los agentes en sus intervenciones. La AUGC asegura que el principio de autoridad "se está menoscabando diariamente en diversas actuaciones y debe ser reforzado", además de plantear la urgente necesidad de que los miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional sean considerados de una vez por todas como "profesión de riesgo", como ya lo son las policías autonómicas.

Esta petición de la AUGC se plantea tras varias sentencias en las que la AUGC ha ejercido la acusación particular en nombre de agentes afiliados con el fin de que sean indemnizados por las lesiones sufridas en el desempeño de su trabajo por parte de personas que han mostrado "una total falta de consideración y menoscabo del principio de la autoridad".

Finca Langostina

Uno de los asuntos se refiere a la actuación del pasado 31 de mayo en la Finca Langostina de Orihuela Costa, donde la Guardia Civil fue requerida, como en anteriores ocasiones, por un conflicto que mantienen una madre y sus dos hijas con una mercantil. La familia se encontraba increpando e impidiendo la descarga de material de un camión y tras la llegada de los agentes "comenzaron a gritar, increpar e insultar a los guardias civiles". Según la AUGC, tras indicarles en repetidas ocasiones que abandonaran el lugar y se identificaran, "continuaron en actitud de gran excitación, desafiantes y sin atender los requerimientos de los agentes, por lo que en el momento que procedían a su detención se resistieron fuertemente cayendo al suelo y causando distintas lesiones a los guardias civiles actuantes".

La AUGC indica que cada acusada ha sido condenada por el juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela a las penas de ocho meses de multa con cuota diaria de seis euros por delito de resistencia y a dos meses de multa con cuota diaria de seis euros por cada uno de los cuatro delitos leves de lesiones, así como al pago de las costas procesales. Además deberán indemnizar a los agentes con cantidades que ascienden a 1800 euros por las lesiones sufridas.

Asimismo, la AUGC se refiere a la reciente sentencia de conformidad a 14 jóvenes antifascistas de Pego que se declararon culpables de los disturbios causados en un partido de fútbol con el fin de evitar el ingreso en prisión. Seis guardias civiles resultaron heridos en dicha intervención y los acusados deberán indemnizarlos con 6.253 euros.

Finalmente, dos agentes resultaron heridos en noviembre de 2020 cuando iban a identificar en la calle a una persona por un altercado anterior. El hombre comenzó a agredirles a patadas y puñetazos y el juzgado de lo Penal número 8 de Alicante le condenó por un delito de resistencia y dos delitos leves de lesiones a las penas de seis y un mes de multa con cuota diaria de tres euros, así como a indemnizar a los agentes con 560 y 700 euros en concepto de indemnización por las lesiones sufridas y 346,57 euros por los daños ocasionados al vehículo policial, así como a las costas procesales.

Acusación particular

En todos estos procedimientos, los guardias civiles lesionados afiliados a la AUGC fueron asistidos por los servicios jurídicos de esta asociación, siendo representados por el letrado Alberto Manuel Mollá Díez para ejercer la acusación particular contra los acusados. Por todo ello, desde la AUGC de Alicante vuelven a pedir que los guardias civiles sean considerados, al igual que las policías autonómicas, como "profesionales de riesgo" y que se modifique el Código Penal para que en este tipo de delitos se produzca un endurecimiento de las penas, reforzando así el "principio de autoridad". La asociación insiste asimismo en solicitar a las autoridades judiciales que sigan aplicando el máximo rigor penal y sancionador posible en este tipo de hechos.