Juzgan a un abogado por una estafa de 260.000 € a inversores en Benidorm

La Fiscalía ha solicitado este jueves una pena de siete años de prisión para un abogado acusado de estafar junto a la administradora de una empresa de Benidorm a más de una decena de inversores, mayoritariamente británicos, que fueron engañados y sufrieron un perjuicio patrimonial de más de 260.000 euros. La acusación particular, ejercida por varias víctimas del fraude, solicitó la misma pena en el juicio celebrado en la Audiencia de Alicante y además reclama que la aseguradora del abogado responda como responsable civil subsidiaria. Por su parte, la defensa reclamó la absolución del abogado, quien en su declaración negó su implicación en la estafa y culpó a la administradora de una empresa de inversiones inmobiliarias de Benidorm que engañó a las víctimas. Esta mujer se encuentra en paradero desconocido desde que se destapó el fraude en 2018.

La empresa ofrecía a los inversores una rentabilidad de entre un 8 y un 11 por ciento y anunciaba que se dedicaba a inversiones inmobiliarias en Benidorm. Bajo esa oferta de un rendimiento elevado y rápido, que la firma justificaba con la supuesta propiedad de varios inmuebles en Benidorm, captaron a más de una decena de británicos, entre ellos un policía y promotor. La empresa se creó en 2017 y un año más tarde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya la incluyó en la lista de posibles chiringuitos financieros.

Intermediación

El abogado explicó en el juicio que llegó a un acuerdo con dicha empresa -BND Levante Group- para actuar como agente «escrow», una figura típica de países anglosajones que no está regulada en España. Según su versión, se limitaba a recibir el dinero de los inversores y cuando estos firmaban el contrato con la empresa para recibir bonos de participación enviaba el importe de la inversión a una cuenta de la mercantil. Por dicha gestión, el abogado señaló que cobraba una comisión del 2,5 por ciento en cada operación.

Varias víctimas declararon en el juicio que conocieron la empresa por anuncios en internet o periódicos locales. Allí aparecía la empresa como premiada y todos coincidieron en que uno de los motivos de invertir su dinero fue la confianza que les daba la presencia de un abogado en las operaciones.

Sin embargo, todas las actuaciones se llevaban a cabo de forma online y nadie contactó personalmente con dicho letrado. La Fiscalía y la acusación particular estiman que el abogado era asesor y colaborador de la empresa y se puso de acuerdo con la administradora de la mercantil para apropiarse del dinero, algo que negó el acusado.