El pacto del Poder Judicial permitirá renovar la presidencia de la Audiencia de Alicante
El cargo, ocupado por Juan Carlos Cerón, lleva más de dos años en situación de interinidad por el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces
Los presidentes del TSJ y la Audiencia de Alicante, Pilar de la Oliva y Juan Carlos Cerón. / Pilar Cortés
El pacto alcanzado entre populares y socialistas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) permitirá renovar la presidencia de la Audiencia Provincial de Alicante, que llevaba más de dos años en situación de interinidad a causa de la situación de bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces. El mandato del magistrado Juan Carlos Cerón como presidente de la Audiencia de Alicante caducó a comienzos del pasado 2022 y llevaba ocupando el cargo de manera provisional a la espera de que un nuevo CGPJ desbloqueara los nombramientos pendientes.
Cerón tomó posesión como presidente de la Audiencia alicantina a comienzos del año 2017 para un mandato de cinco años. Llegaba para relevar a Vicente Magro al frente de este órgano judicial tras el nombramiento de este último para el Tribunal Supremo. El proceso para elegir nuevo presidente en la Audiencia alicantina tenía que haberse puesto en marcha en el año 2022, aunque las fuentes judiciales consultadas por este diario puntualizaron que tampoco es habitual que estos plazos se cumplan de manera estricta. El propio Cerón podría optar a la renovación, ya que el sistema permite que los magistrados puedan tener un segundo mandato. En toda España hay un total de treinta presidencias de audiencias provinciales pendientes del nombramiento de su presidente.
Presidencia del TSJ
La presidencia de la Audiencia de Alicante no es el único órgano judicial en situación de interinidad en la Comunidad Valenciana como consecuencia del bloqueo en el CGPJ. Entre ellas la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, que está también en funciones desde hace tres años en el cargo. Oliva fue elegida en 2010 y renovó en el cargo en 2016. La legislación ha limitado a dos estos mandatos al frente de las instituciones judiciales, pero sólo afecta a aquellos magistrados que hayan sido nombrados con posterioridad a esta reforma, por lo que en caso de decidirlo podría volver a presentarse. En el TSJ también tiene el mandato caducado desde hace tres años el presidente de la sala de lo Contencioso Manuel Baeza. En octubre, vencía también el mandato del presidente de la Sala de lo Social Francisco Javier Lluch. Otro órgano judicial con presidente en funciones era la Audiencia de Castellón, cuyo presidente José Manuel Marco se jubiló a finales del año pasado y ha sido relevado por Carlos Rodríguez. También en breve quedará vacante la plaza de presidente de la Audiencia de Valencia, Esther Rojo, que es una de las vocales del nuevo CGPJ.
Cuándo culminará el proceso para renovar estos cargos y de qué manera se llevará a cabo, ya que por lo pronto es necesario que la renovación del CGPJ sea aprobada por Congreso y Senado y éstos tomen posesión. En estos momentos hay hasta 98 nombramientos pendientes en toda España. De ello se ocupará una comisión de calificación de cinco vocales que informará de todos los nombramientos discrecionales que deba hacer el pleno y que se pretende desarrollar más con el fin de «objetivar» más los nombramientos «desde una perspectiva técnica», explicó el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte. Tras ello, el Pleno deberá elegir a los altos cargos de la judicatura con una mayoría reforzada de tres quintos, es decir, trece vocales, lo que obligará a los vocales conservadores y progresistas a llegar a acuerdos.
En cuanto a las vacantes, 26 corresponden al Supremo, de las cuales 12 afectan a la Sala de lo Contencioso, 6 a lo Social, 4 a lo Civil, 3 a lo Militar y una a la Sala de lo Penal.
También en la Audiencia Nacional hay dos presidencias vacantes, que son de la Sala de lo Penal y otra de Sala de lo Social a lo que hay que añadir 27 plazas de magistrado de la Jurisdicción Militar.
Luego hay que sumar 40 vacantes en los Tribunales Superiores de Justicia, 8 presidencias y 32 plazas de magistrados. Y, además, están pendientes 30 presidencias de Audiencias Provinciales.
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