La rectora de la UA velará por el cumplimiento de la financiación para las universidades españolas

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha sido designada para vigilar el grado de cumplimiento de las necesidades de financiación de las universidades que establece la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Este texto establece el compromiso de aportar por parte de la Administración el uno por ciento del Producto Interior Bruto a la fnanciación de las universidades. Los rectores de España la han puesto al frente de una comisión cuyo cometido será velar porque este compromiso se cumple. La decisión se adoptó el lunes por la tarde en Madrid en la Conferencia de Rectores de las Universidades de España (CRUE).

El nombramiento fue decisión de la presidenta de la CRUE, Eva Alcón, en su primera Asamblea General Ordinaria. Uno de los cometidos principales de Navarro al frente de este grupo de trabajo será el seguimiento del cumplimiento de financiación del 1 % del PIB que establece la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), ha informado la Universidad de Alicante. La rectora de la UA, que es catedrática de Derecho Financiero y Tributario, ha asegurado que se trata de “un gran reto muy demandado y muy necesario para el futuro del sistema universitario español”, que asume “con total responsabilidad y compromiso”.

La Asamblea General Ordinaria, celebrada el lunes por la tarde en la Biblioteca Nacional de Madrid, reunió a más de 70 rectoras y rectores. En la misma se han fijado los objetivos de trabajo para los dos próximos años, entre los que destacan la redefinición de esta asociación como foro de debate universitario; alcanzar la financiación reconocida en la LOSU; contar con el mejor marco legislativo posible; participar activamente en la estrategia de ciencia, tecnología e innovación, y preparar a las universidades para responder a los retos de la internacionalización, la transformación digital y el desarrollo sostenible.

Antecedentes

Los rectores españoles han sido muy críticos con la entrada en vigor de la LOSU al considerar que obligaba a las universidades a realizar una serie de cambios en sus infraestructuras, sin concretar de dónde iban a salir los fondos para llevarlos a cabo. Tanto la rectora de la Universidad de Alicante, como el rector de la Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz, alertaron de que había riesgo de que la Ley se quedara en papel mojado en el caso de que no se implementen los recursos para desarrollarla. Desde el Gobierno se indicaba para defender la Ley que precisamente por primera se establece por escrito un compromiso mínimo de financiación, pero los rectores señalan que son numerosas las autonomías que tienen transferidas las competencias de universidades por lo que el texto tiene riesgo de quedarse en papel mojado. El trabajo de Amparo Navarro va a ser el velar por que esto no sea así.

La Losu (ley orgánica del sistema universitario) es la tercera norma universitaria de la democracia. Sustituye a la Lou, una norma aprobada hace más de 20 años, cuando apenas había competencias autonómicas en materia de estudios superiores. La norma ya ha entrado en vigor, pero para todo lo que tiene que ver con el profesorado y su estabilidad laboral, la aplicación se ha aplazado hasta el curso 2025-26.