El sector empresarial señala que el Plan de Acción Territorial bloquea el motor económico de la Vega Baja

Avalancha de alegaciones contra el Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja, la normativa de carácter supramunicipal del Consell que viene a ser un plan general de ordenación urbana para los 27 municipios de la comarca. Después de que el plazo finalizara el pasado día 5, la mayoría de ayuntamientos, organizaciones ecologistas y vecinales, así como el sector agrícola han realizado sus aportaciones al documento.

En esa ocasión, la Mesa Comarcal, creada en el seno de Cámara Orihuela y que engloba a distintas asociaciones empresariales, ha dado a conocer las propuestas que ha presentado ante la Generalitat para paliar lo que, en su opinión, afecta negativamente a los principales sectores económicos.

"Hemos recogido sugerencias que son básicas para el desarrollo y prosperidad de nuestra comarca y que no se contemplan en el PAT", ha manifestado el presidente de Cámara Orihuela, Mario Martínez, que ha estado acompañado por Joaquín Pérez, presidente de la Confederación Valenciana de Empresarios de Alicante; Javier García, secretario de Asemvega, y José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante.

En primer lugar, el sector empresarial ha planteado la ampliación hasta junio del proceso de participación pública para dar cabida a que más administraciones, organismos, asociaciones y empresas incorporen mejoras, con el fin de "consensuar el desarrollo futuro ajustándonos a la realidad socieconómica, turística, residencial y agroambiental de la Vega Baja, minimizando así el impacto negativo de determinadas actuaciones que aparecen en el PAT", ha indicado Martínez.

Las alegaciones parten de la base del abandono económico, social y medioambiental que la Vega Baja ha sufrido durante años por parte de las distintas administraciones. A partir de ahí, "consideramos que lo que se propone provocaría un impacto negativo en nuestros municipios, un empobrecimiento de la comarca y, por ende, una peor calidad de vida de la ciudadanía", ha afirmado, al mismo tiempo que ha reclamado un modelo de desarrollo que "no perjudique a nuestros principales motores socioeconómicos". Esto es, el turismo residencial, la agricultura, el sector industrial y de servicios.

Con respecto al turismo residencial, la Mesa Comarcal considera que la paralización de hasta dos años de los proyectos urbanísticos cuyo desarrollo se pueda considerar necesario para los ayuntamientos, a excepción de las plantas fotovoltaicas, puede suponer una avalancha de solicitudes de estas instalaciones que "casa mal con el concepto que pretende el PAT".

A esto se suma, entre otras cosas, la conversión de sectores urbanizables en infraestructuras verdes que "provocaría un perjuicio económico y de desarrollo muy importante". También señala la falta de medidas de ordenación "ajustadas a la realidad, sobre todo en la franja litoral, que permita buscar un equilibrio en el desarrollo sin causar un perjuicio a la economía de ese territorio".

La Mesa Comarcal resalta que el plan debe especificar cómo se incorporará la infraestructura verde a los suelos desclasificados, así como quién y cuánto se pagará por posibles indemnizaciones.

En cuanto al territorio agrícola, rústico y el medio ambiente, la Mesa Comarcal indica que el trasvase Tajo-Segura, pese a ser una infraestructura esencial, no aparecen en un plan que "podría afectar en demasía al sector primario" por una regulación excesiva y restrictiva del desarrollo de sus actividades económicas.

"No podemos aceptar las pretensiones de la administración en este sentido y permitir la exclusión de la acción humana en las actividades productivas que se han desarrollado y se pueden desarrollar en este tipo de suelos", reza el documento, que añade que "poner trabas al cultivo, a la ganadería extensiva y a los usos rurales del territorio es condenar su conservación y el desarrollo de quienes viven en él y de él".

En este sentido, la Mesa propone que se valoren estos suelos por su acción como fijadores de CO2 y que sus propietarios puedan tener acceso a cobrar por derechos de emisión a través de planes de actuación, conservación y mejora de estos espacios.

Además, considera una actuación imprescindible el ensanchamiento del río desde Beniel para hacer frente a las crecidas que puedan ocasionarse. Sin embargo, afirma que no se han tenido en cuenta las planificaciones de otras administraciones como la Confederación Hidrográfica del Segura (canalización de la Rambla de Abanilla, presa de Tabala, bypass en el río en Orihuela y Rojales) ni las medidas del Plan Vega Renhace.

Por último, en materia de vertebración del territorio, infraestructuras y servicios, la Mesa Comarcal reivindica desde su formación en 2018 una serie de necesidades y carencias en esta materia que no se reflejan en el PAT: la ampliación del Hospital Vega Baja y sus accesos obsoletos, mejoras en el trasvase, la ejecución de la ZAL de San Isidro, la duplicación de la CV-95 y la CV-91, la mejora de la N-332 y su conversión en vía parque, la retirada del peaje de la AP-7 y la ejecución del tercer carril de la A-7.

En suma, "desconocemos las consecuencias económicas que supone la actuación de cada sector, por lo que hasta que no se den las explicaciones detalladas no podemos dar validez a los planes de la Conselleria", ha concluido Martínez.

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