La falta de suministro paraliza la reparación de viales y espacios públicos en Orihuela Costa

La adjudicataria del servicio de mantenimiento, conservación y reparación de vías y espacios públicos de Orihuela Costa, la oriolana Zaplana Caselles, ha remitido un escrito al Ayuntamiento para que quede constancia de que desde que finalizó, hace meses, el contrato para el suministro de materiales se están dando muchos problemas hasta el punto de que los operarios están parados por falta de material: "No podemos hacer ningún parte de los que tenemos pendientes en el programa de gestión de incidencias porque no tenemos el material necesario para llevarlos a cabo".

Esto, explica el escrito, le cuesta al Ayuntamiento y a los ciudadanos mucho más dinero que el propio material, por lo que la empresa pide a la administración local que alguien se haga cargo y se agilicen los trámites que sean necesarios para disponer de material.

Así, prosigue el escrito, desde principios de año "solo hemos dispuesto de cemento, arena y mezcla para hacer hormigón". Incluso, se tuvo que parar una actuación en Punta Prima por falta de bordillos. "A día de hoy ya no tenemos ni mezcla para hacer hormigón, por lo se han hecho todos los partes exclusivamente con cemento y arena, y estamos parados sin trabajo", explica. En este sentido, la empresa demanda mezcla para hormigón, pintura, asfalto, bordillo, baldosa, tapas de arquetas, señales, tornillos, etc.

Orihuela paga in extremis una deuda de 252.000 euros por el mantenimiento de viales

Desde que se inició la contrata, en febrero de 2020, por 766.136 euros anuales durante cuatro años, los problemas han sido contantes, también en la demora de los pagos por los trabajos realizados. Tanto a finales de 2021 como de 2022 los trabajadores convocaron manifestaciones, ya que ante los impagos por parte de la administración local la empresa no iba a abonar las nóminas de diciembre ni la extra. En ambas ocasiones se desconvocaron por el abono in extremis.

Todo ello, tiene además un perjuicio para las arcas públicas, ya que genera unos intereses de demora que van a reclamar. Estos, a principios de 2022, ascendían a 12.000 euros.

Además, fue fuente de discusión en el anterior equipo de gobierno en el seno de las juntas de gobierno, ya que Ciudadanos se oponía al pago de las facturas de este servicio por supuesto incumplimiento de contrato por parte de la mercantil, mientras que el PP, con los informes de Intervención a favor, era partidario del abono.

Tras la moción de censura el 25 de abril, que desalojó del poder a los populares con un nuevo bipartito, conformado por el PSOE y la formación naranja, es Infraestructuras, en manos de Ciudadanos, el área que tiene potestad en la materia, desde que estas competencias, antes de la junta de gobierno, pasaron a las concejalías.

Irregularidades e incumplimientos

La empresa adjudicataria ha señalado en varias ocasiones irregularidades, incumplimientos y maniobras de la concejalía, que se ha opuesto desde el principio al pago. De hecho, la mercantil ha presentado en varias ocasiones escritos para rescindir el contrato. En concreto, han señalado que desde que se empezó a prestar el servicio el concejal de Infraestructuras, Ángel Noguera, obstaculiza y hasta boicotea el contrato.

Así, la adjudicataria llegó a remitir una recusación; es decir, un escrito que argumenta que quien resuelve, en este caso Noguera, "no es imparcial ni objetivo", basándose en que "viene reteniendo y rechazando" el pago de las facturas desde el inicio de la ejecución del contrato con "la finalidad de llevar a la asfixia económica a la mercantil".

Todo ello, añadía, pese a la aprobación del pago por parte del técnico competente y del área de Intervención del Ayuntamiento, concluyendo que "no existe otro motivo que la animadversión que tiene [Noguera] frente a esta empresa". Este escrito, a su vez, fue una advertencia y un paso previo a otras medidas legales. No obstante, el equipo de gobierno desestimó por unanimidad la recusación, inadmitiendo las pruebas testificales de la empresa.

Antes, la concejalía había iniciado el procedimiento para determinar posibles incumplimientos en la ejecución del contrato. El principal, que "las instalaciones fijas dispuestas por la mercantil no coinciden con las que propuso en su oferta". Precisamente, fue una mejora con respecto al mínimo que se requería en los pliegos, por lo que fue uno de los aspectos que la llevaron ganar la licitación.

En este sentido, el Ayuntamiento requería a la empresa que subsanara de forma inmediata y voluntaria las incidencias, e incluso proponía detraer una cantidad del pago mensual por el incumplimiento en este punto, algo que, señalaba el informe, supone "una pérdida de calidad en el servicio", ya que los vehículos y maquinaria se depositan en una parcela a la intemperie, en un ambiente agresivo dada la proximidad de la brisa marina, lo que provoca que "su deterioro sea mucho mayor que si estuvieran guardados en un establecimiento cerrado y techado (nave industrial), sobre todo teniendo en cuenta que al finalizar el contrato pasarán a ser de titularidad municipal". También implica "un riesgo potencial de averías, lo que repercute en un peor funcionamiento del servicio diario", añadía.

Por su parte, la empresa insistía en que la concejalía incumple con el adecuado suministro de los materiales.

Quejas vecinales

El estado de los viales es uno de los asuntos que acaparan más quejas por parte de la ciudadanía. La Asociación de Vecinos Cabo Roig y Lomas ha arremetido en varias ocasiones contra la gestión de Noguera. Dentro de su propuesta con 88 actuaciones para "combatir la grave situación en la que se encuentra Orihuela Costa", demandó la renovación de asfaltado y acerado de los viales en peor estado, con actuaciones completas, que no se limiten únicamente a parchear, con una bolsa específica presupuestaria en torno a 2 millones de euros.

La asociación vecinal llegó a localizar hasta 40 puntos donde hay baches peligrosos en más de 15 urbanizaciones. Se trata, además, de una reivindicación histórica. Incluso, pusieron en marcha una campaña para reclamar al Ayuntamiento por daños en sus vehículos ante el mal estado de los viales.