Castilla-La Mancha dice que el Gobierno "valora muy positivamente" su informe a la revisión de las reglas del trasvase y que el resto son "políticas"

El Gobierno de España "valora muy positivamente" el informe técnico presentado por Castilla-La Mancha a la futura modificación de las reglas de trasvase Tajo-Segura, que "es el único documento técnico presentado, además del encargado por el Ministerio" a través del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), según ha asegurado este lunes la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Macha, Mercedes Gómez (PSOE).

"Políticos y económicos"

Los informes de Madrid, Murcia, Valencia y Andalucía "son políticos y económicos, no técnicos", ha mantenido en declaraciones a los periodistas este lunes en Toledo, según recoge Efe.

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Gómez ha explicado que según "la información que ha facilitado la Confederación Hidrográfica del Tajo -de la que carecen el resto de autonomías- ya se han evaluado todos los documentos presentados en el trámite de consulta pública". La consejera no ha explicado qué es lo que ha valorado el Gobierno, ni cuál es el resultado de esa evaluación.

Obligación legal

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha impulsado la modificación de esas reglas del trasvase que es una obligación legal cada vez que se aprueba un nuevo ciclo del plan de cuenca. En este caso el que se validó en enero de 2023 y que se prolongará hasta 2027.

La CHT, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha pedido que las comunidades afectadas, tanto la emisora de recursos hídricos -Castilla La Mancha y Madrid- como las receptoras -Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía (Almería)- presenten alegaciones a esa modificación. Aunque no existe un documento base de referencia que alegar. Con lo que las distintas administraciones se están pronunciando sobre cómo funcionan ahora esas reglas y qué cambios podrían introducirse.

Las alegaciones valencianas

Las alegaciones conjuntas de Valencia, Madrid, Murcia y Andalucía señalan que la actualización de la regla difícilmente «podrá evitar el impacto de las reducciones en las posibilidades de trasvase al Segura y Guadiana, reducciones debidas fundamentalmente a los nuevos caudales ecológicos fijados en el Plan Hidrológico del Tajo».

Las alegaciones matizan que sí existen cinco sentencias del Tribunal Supremo que exigen el establecimiento de un caudal ecológico, pero que en ningún momento fijan si tiene que ser el establecido por el nuevo Plan Hidrológico del Tajo. Un argumento, no obstante, que ya esgrimió el anterior Gobierno del Botànic para evitar el recorte en el plan de cuenca del Tajo, sin éxito y que se mantiene en los recursos judiciales.

Respecto a los datos a utilizar para medir, dicen que tienen que ser objetivos, con nuevas batimetrías para conocer la capacidad real de los -embalses de cabecera y sus evaporaciones, así como nuevos embalses mínimos en la cabecera del Tajo, abriendo la posibilidad de que se pueda estudiar una medición por separado y no como un conjunto, en referencia a los datos de Entrepeñas y Buendía.

Además, se señala que se deberían analizar las filtraciones que, aseguran, se producen en los embalses de cabecera,

En las alegaciones pactadas por las cuatro comunidades también se explica que cuando los embalses de la cabecera del Tajo se encuentren en Nivel 3-con menos de 600 metros cúbicos embalsados-, la toma de decisiones sobre los trasvases a autorizar tiene que estar basada «en criterios objetivos». Por ello, se pide incorporar el procedimiento denominado «regla del tercio», en el que se tienen en cuenta los recursos disponibles en ese momento y «la previsión» de los dos siguientes meses.