LOS MONTESINOS
El TSJCV asume la causa contra la edil Ana Belén Juárez (PSOE) por cohecho y prevaricación al convertirse en diputada
Entre los acusados figuran también el alcalde José Manuel Butrón, el secretario interventor y un ingeniero técnico por delitos de cohecho, prevaricación y contra la integridad moral
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha asumido la causa por la que iba a ser juzgada hace unos meses una concejal de la localidad alicantina de Los Montesinos, Ana Belén Juárez, después de que ésta adquiriera, en marzo de este año, la condición de diputada electa en Les Corts Valencianes y, por tanto, de aforada, según han informado en un comunicado fuentes del Tribunal Superior de València y avanzó INFORMACIÓN.
Aceptado
El Alto Tribunal autonómico acepta así en un auto la exposición razonada que le elevó la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede desplazada en Elche.
Esa sala de la Audiencia decidió suspender la vista oral, que estaba fijada para el pasado mes de abril, y solicitar a las partes que se pronunciaran sobre la competencia para el enjuiciamiento de los hechos al tener conocimiento del aforamiento de la edil acusada.
Cohecho, prevaricación y delito contra la integridad moral
Junto a Ana Belén Juárez, que es primera teniente alcalde de Los Montesinos, en esta causa, "que se sigue por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y contra la integridad moral a raíz de la denuncia por acoso presentada por un funcionario del Ayuntamiento de Los Montesinos (sic)", según el comunicado del TSJ, figuran también "como acusados el propio alcalde, un ingeniero técnico municipal y el secretario interventor".
La Fiscalía pide un año de cárcel para los acusados. La acusación particular solicita en su escrito de calificación una pena de 8 años de prisión y 25 de inhabilitación para ejercer cargo público para Butrón y dos años de cárcel y 25 de inhabilitación para la diputada socialista.
Aplazado
La vista oral, que se señaló tras más de una década de instrucción y que se había aplazado en varias ocasiones, se suspendió definitivamente en cuando Juárez solicitó que la causa fuera elevada a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, al hacer valer su adquisición sobrevenida de la condición de aforada como diputada autonómica, cargo que asumió el pasado 12 de marzo tras la renuncia de su antecesor David López en la lista electoral para asumir otras responsabilidades.
Fiscalía
La Sección VII de la Audiencia ha aceptado la solicitud, también la Fiscalía por la condición de aforada de la edil, ahora diputada, y además porque en el relato de su escrito de acusación, que se reitera en su petición, señala que la supuesta participación del alcalde y los dos funcionarios en la comisión de los delitos que se juzgan está ligada a la de la concejala y, por lo tanto, debe juzgarse conjuntamente.
Urbanismo
El jefe de Urbanismo de Los Montesinos denunció ante el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil en marzo de 2012 supuestas irregularidades en la gestión urbanística, con denuncias que fueron archivadas, y desde ese momento, según el Ministerio Público «los acusados actuando conjuntamente procedieron a desplegar una actividad de represalia y violencia psicológica».
En concreto el jefe de Urbanismo denunció que el regidor socialista -alcalde de este municipio de 5.000 vecinos desde 1991- supuestamente le ofreció un aumento de sueldo por silenciar irregularidades urbanísticas y le abrió varios expedientes cuando se negó.
Prevaricación
La prevaricación, también según la acusación particular, consistió en que, presuntamente, los cuatro acusados alteraron «arbitrariamente el procedimiento administrativo para la apertura y tramitación de expedientes sancionadores; concertando la eliminación del informe preceptivo del secretario/técnico de personal y su sustitución por el informe de un letrado externo que, además, era el abogado de otro de los acusados».
Los tres delitos prevaricación se corresponden, según la instrucción, a uno por «cada expediente disciplinario injusto abierto» al denunciante.
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