La Audiencia absuelve al exalcalde de Catral por las casas ilegales de la huerta al cabo de 20 años

Absuelto. La Audiencia Provincial no ve el delito de prevaricación urbanística del que se acusaba al exalcalde socialista de Catral, José Manuel Rodríguez Leal, en relación con la investigación de las más de mil viviendas ilegales que se levantaron en la huerta del municipio durante los primeros años de la década de los 2000. Una causa que generó una gran polémica en pleno boom inmobiliario.

Dos décadas

La sentencia llega justo al cabo de 20 años de registrarse la primera denuncia. La Fiscalía solicitaba una pena de un año y seis meses de prisión. Pero la tesis de la Fiscalía y la acusación sostenida por una asociación de consumidores, que indicaba que el exalcalde no actuó contra las infracciones, «no ha sido probada», señala el fallo, que añade que Rodríguez Leal instó más de 300 expedientes de infracción y multa entre 2004 y 2006. El municipio ingresó más de un millón de euros por ese concepto.

La misma sentencia pone «en contexto» los hechos «en los años del boom urbanístico, presidido por una actividad frenética y voraz de los promotores y constructores que vieron una oportunidad de enriquecimiento» con las casas ilegales, y que actuaban en el término municipal de un Ayuntamiento pequeño -de 6.000 vecinos en ese momento-, con medios en precario para atajar el problema. 

Lo que dice la sentencia

La sentencia de la Sección 11ªde la Audiencia con sede en Elche, redactada y notificada año y medio después del juicio, firmada por la magistrada Joaquina de la Peña, subraya tres aspectos.

Uno: el entonces primer edil, que lo fue durante 16 años hasta que su imputación le obligó a darse de baja en el PSOE y no volver a presentarse, aplicó, aunque con escasos medios, la legislación y las competencias urbanísticas con las que contaba para el caso de construcción de viviendas ilegales; en esencia a través de expedientes de infracción y multa. Aunque sin desarrollar expedientes de infracción paralelos de restauración de la legalidad urbanística con multas coercitivas y demolición.

Dos: según quedó reflejado en el juicio vendedores de suelo rústico en la huerta tradicional, constructores de viviendas con destino al mercado turístico, empresa de suministro de luz y concesionaria de agua, notarios y registradores eludieron que las viviendas carecían de licencia y licencia de primera ocupación a cuenta de seguir haciendo negocio.

Y tres: la asunción de las competencias urbanísticas del municipio por parte de la Generalitat en octubre de 2006, ordenada por el entonces conseller del PP Esteban González Pons supuestamente para atajar la situación, apenas tuvieron repercusión en las prácticas ilegales. No llevó a cabo ni una sola demolición de aquellas viviendas con un expediente de restitución de la legalidad, y la mayoría están legalizadas ahora. Por lo que el tribunal se pregunta qué reproche penal podría tener el exalcalde con ese resultado.

Extraordinaria proliferación

La sentencia señala que Catral experimentó una extraordinaria proliferación de viviendas levantadas en suelo rústico entre 2003 y 2006, en la que promotores y constructores se limitaban a solicitar licencia de vallado o para una casa de apero , que eran concedidas -legalmente- por unanimidad de la junta de Gobierno tras los informes técnicos, pero condicionándola a la autorización de la Generalitat. 

Sin embargo, los constructores, ignorando la autorización que solo les permitía vallar el terreno o construir una casa de aperos, edificaban las viviendas. Entonces se iniciaba el expediente sancionador en el que era nombrado instructor el secretario municipal. El gobierno local imponía una multa -que ascendía al 20% del valor de la obra y eran satisfechas por los infractores-, y una orden de paralización que, sin embargo, se saltaban los constructores.

El 6 de octubre de 2006, la Generalitat asumió en exclusiva las competencias en materia urbanística que compartía con el Ayuntamiento de Catral. En ese momento ya constaban abiertos cientos de expedientes sancionadores, explica la sentencia, que recoge como hecho probado que la Generalitat no llegó a adoptar «medidas distintas» a las que había ya impuesto Rodríguez Leal. 

Los técnicos -el secretario y el arquitecto municipal durante ese periodo-, señalaron en el juicio celebrado en 2022 que las licencias de apero o refugio, condicionadas a una autorización posterior, eran legales «lo que no se ajustaba a derecho era lo que los constructores hacían después».

Constructores "desmemoriados"

En la misma vista oral, siete constructores, que llegaron a estar imputados en la causa y entre los que se encontraba un sobrino del primer edil, afirmaron ya como testigos que les impusieron multas y las pagaron y en alguno de los casos la Policía Local les ordenó paralizar la obra. Algo que no hizo la Policía Autonómica.

«Algo desmemoriados», dice el fallo, «lo que es comprensible habida cuenta de que han transcurrido veinte años desde los hechos», la mayoría coincidieron en que las construyeron sin informe técnico, que las vendieron a extranjeros y que las escrituraron en notaría sin contar ni con licencia de primera ocupación, ni proyecto. Todos coincidieron en que continuaron las obras porque los demás también lo hacían «como en toda la provincia de Alicante». 

Sobrepasados

El exalcalde Rodríguez Leal señaló en el mismo juicio, al igual que los técnicos, que se instruyeron del orden de 300 expedientes de infracción en ese periodo, pero admitió en el juicio «la proliferación de viviendas fue de tal envergadura que el Consistorio se vio sobrepasado» con un solo alguacil que hacía de inspector de obras y diez policías. Trabajó junto a los técnicos en plantear varias propuestas de convenio a la Generalitat para liberar suelo que no fueron escuchadas.