El Síndic investiga al Ayuntamiento de Orihuela por limitar el acceso a la información

El Síndic de Greuges ha abierto una investigación al Ayuntamiento de Orihuela por restringir el acceso al registro por parte de la oposición. El alcalde del municipio, Pepe Vegara, emitió en mayo una instrucción por la que se cambiaba el procedimiento y obligaba a reseñar mediante un escrito los accesos al contenido, justificando esta medida en aras a cumplir con la ley de protección de datos.

El PSOE, que solicitó sin éxito que se replantease esta decisión, ha acudido al Defensor del Pueblo valenciano, que ha admitido a trámite la queja de los socialistas al considerar que "podría afectar al derecho de acceso a la información pública".

Por ello, el Síndic ha solicitado al Ayuntamiento que remita en el plazo de un mes un informe detallado y razonado sobre los hechos que justifican el cambio de criterio aplicado en el acceso por parte de los concejales a los registros de entrada y salida de documentos, así como una copia del informe jurídico emitido por los servicios municipales para justificar la legalidad de la instrucción firmada por la Alcaldía.

En su exposición, el PSOE recuerda que en el Ayuntamiento se ha tenido acceso a este tipo de documentos desde al menos el año 2010, algo que considera "necesario para el ejercicio de nuestro derecho a la información y el deber de fiscalización de la actividad del gobierno municipal".

En el mismo sentido, apunta que ya en el mandato 2015-2019 los grupos municipales han tenido semanalmente dos días de acceso. Sin embargo, prosigue, "a pesar del normal funcionamiento en el acceso a esta información hasta la fecha, el pasado 7 de mayo nos enviaron al correo una instrucción firmada por el alcalde", lo que "supone, por un lado, un claro entorpecimiento en nuestra labor de participar en la actividad de control alargando sin motivación el acceso a la información; y, por otro, la vulneración del derecho que todos los concejales tenemos reconocido de acceso a la información cuando se afecte al ámbito de privacidad de las personas, a través de una interpretación sesgada e interesada sobre la protección de datos".

Una vez que se ha conocido el inicio de la investigación, Carolina Gracia, portavoz del PSOE, ha afirmado este jueves que "hemos recibido esta notificación con esperanza y esperamos que desde la Alcaldía colaboren y envíen en plazo la copia del informe jurídico emitido por los servicios municipales para justificar la legalidad de la instrucción".

Contra la opacidad

En cuanto al argumento esgrimido de la protección de datos, ha sostenido que "atendiendo a la normativa vigente, no se nos debe considerar como terceros frente al Ayuntamiento para la obtención de documentos, ya que tenemos los mismos derechos reconocidos que los ediles de gobierno", al mismo tiempo que ha calificado la medida de "atentado contra nuestro derecho de acceso a la información".

Por último, ha reiterado que "la intención del Partido Popular y de Vox no es otra que poner trabas a nuestro trabajo", porque "quieren una oposición en la que seamos meros figurantes y estemos callados para no transmitir a la ciudadanía aquellas cuestiones que no quieren que se sean conocidas".

Asimismo, ha asegurado que el grupo socialista no descarta acudir también a la vía judicial: "No es democrático que la opacidad que tiene este gobierno ante los asuntos nos la impongan también a la oposición a través de instrucciones de forma dictatorial", ha concluido Gracia.