El PP marca distancia con Vox a las puertas de las europeas: «Sí» a los puntos violeta y al Orgullo en Alicante

En Alicante, nunca Vox había sido tan firme con sus «líneas rojas» como en las negociaciones del presupuesto de 2023, año electoral, cuando impidió que el gobierno local sacara adelante las cuentas municipales. Y ahora, a las puertas de los comicios europeos, son los populares los que se muestran más «sociales» que nunca, defendiendo a ultranza los puntos violeta (que el pasado año quisieron ignorar) e impulsando una iniciativa por el Orgullo LGTBI, que llevaba años sin aprobarse en el Ayuntamiento, en buena parte por el rechazo del PP.

En general, este jueves no fue el día en que más unión mostró la «dupla» que habitualmente conforman el equipo de gobierno y sus socios preferentes de Vox. Minutos antes de la sesión, el Partido Popular retiró una propuesta para instar al Gobierno de España a dar marcha atrás con el Índice de Precios de Alquileres publicado por el Gobierno de España. La formación de ultraderecha advirtió al ejecutivo comandado por el alcalde, Luis Barcala, de que votaría en contra de ese punto, que finalmente fue eliminado del acta de la sesión. Todo ello, escasos días después de que ambas formaciones escenificaran una nueva «ruptura», en esta ocasión a la hora de aprobar la Ordenanza de Vía Pública: los de Abascal pedían como moneda de cambio la eliminación de los puntos violeta que atienden a mujeres víctimas de agresiones sexuales, algo en lo que el PP (aunque amagó con hacerlo) no terminó cediendo, y que obligó a retirar la tramitación de la normativa. La intención del gobierno local es retomarla tras las europeas, según dijo la edil Cristina Cutanda, «para que nadie utilice la negociación con fines electoralistas».

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De hecho, los puntos violeta fueron uno de los aspectos que se abordaron en la sesión de este jueves. La concejala del PSOE Victoria Melgosa impulsó una declaración institucional para instar al Ayuntamiento a que cumpla con el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, recordando que «lo que no se nombra no existe» y reclamando al gobierno popular que no ceda ante las exigencias de la ultraderecha.

Desde Vox, en cambio, Carmen Robledillo aprovechó el punto para cargar contra Irene Montero y asegurar que son las políticas de «fronteras abiertas a lo loco» las que «dejan a las mujeres desprotegidas». La portavoz del grupo pidió al PP que hiciera como en otras ciudades (entre ellas, Elche) y cambiase los puntos violeta por espacios de atención a víctimas para «acabar con los chiringuitos que no aportan seguridad a los alicantinos».

Una petición que rechazó la concejala de Derechos Públicos, Begoña León, quien quiso lanzar un mensaje claro al mantener estos puntos: «La violencia machista no será tolerada», señaló. La edil del PP también insistió en que «los puntos violeta están para quedarse», pese a que su gobierno decidió no instalarnos en la Santa Faz de 2023 y solo los desplegó en Nochevieja tras las críticas de la oposición y los colectivos feministas.

Tras aprobarse la iniciativa de los puntos violeta el PP impulsó, en otro giro de guion, una propuesta para mostrar el apoyo del Ayuntamiento al día del Orgullo LGTBI, que en los últimos años había sido rechazada por el bloque de la derecha. «La diversidad enriquece a la ciudad», manifestó Begoña León, quien ya anunció este miércoles, en una entrevista con INFORMACIÓN, que el Ayuntamiento de Alicante participaría en la celebración y volvería a colgar el balcón de la casa consistorial la bandera conmemorativa.

El edil Manolo Copé (Esquerra Unida) celebró la iniciativa pero invitó a la popular a «que se la crea», afeando que el gobierno local no haya actualizado el Plan LGTBI. Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, aplaudió que el Ayuntamiento aprobara una iniciativa al respecto de este día tras años sin acuerdo, aunque aprovechó para citar diversas afirmaciones contra el colectivo pronunciadas por miembros de Vox a lo largo y ancho del territorio nacional. Desde el PSOE, el edil Emilio Ruiz dudó de que exista un verdadero compromiso por parte del gobierno del PP. Algo que, según afirmó, se refleja en los recortes en materias como Igualdad durante las últimas negociaciones presupuestarias. «La demagogia es una herramienta muy poderosa», apuntó Ruiz antes de acusar al PP de ser «cómplice de la censura» al pactar con Vox.

A este acuerdo no quiso sumarse el grupo de ultraderecha, ya que su portavoz, Carmen Robledillo, cree que las premisas del colectivo «están absolutamente fuera de la realidad». La de Vox preguntó irónicamente «¿cuál es el derecho que les falta?» a las personas LGTBI. Finalmente, la declaración salió adelante con la abstención de la izquierda y el único rechazo de Vox.

Bronca por el ruido

Por segundo pleno consecutivo, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, compareció ante la Corporación por petición del PSOE, en este caso por el conflicto del ruido y la sentencia que obliga a establecer una Zona Acústicamente Saturada en la calle Castaños. El edil socialista Raúl Ruiz señaló que el problema es que el equipo de gobierno «ha dejado a los vecinos solos» y criticó que el Ayuntamiento recurriese la sentencia de la ZAS pocas horas después de que el propio Villar negase que la apelación estuviese decidida: «O no quiso dar la cara o no es capaz de frenar los impulsos del alcalde para tomar decisiones contra Alicante», apuntó Ruiz.

Tras ello, Manolo Copé pidió la dimisión del vicealcalde por «gobernar contra la ciudadanía» y afeó que el recurso del Ayuntamiento afirme que no existen pruebas de que exista «ruido excesivo» en el interior de los hogares de Castaños. Desde Compromís, Rafa Mas, se sumó a la petición de dimisión a Villar por la condena del Contencioso-Administrativo que reconocía una vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos por los altos niveles de decibelios en la calle Castaños.

El mejor defensor de Villar fue, en esta ocasión sin salirse de lo habitual, el concejal de Vox, Mario Ortolá, quien expuso punto por punto que los motivos para que el vicealcalde diese explicaciones ya se habían aclarado en plenos anteriores. A la hora de comparecer, Villar quiso aprovechar la intervención para «que nadie pueda seguir diciendo que no sabe cuál es la postura del equipo de gobierno».

El también concejal de Medio Ambiente insistió en su voluntad de «dejar claro que el recurso no va a impedir que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para garantizar el descanso de los vecinos». Además, matizó que se apela la decisión judicial «para defender los intereses municipales», pero que no es incompatible con la aplicación de medidas contra la contaminación acústica. De hecho, el vicealcalde reafirmó que, tal y como adelantó en este diario, no se aplicará una ZAS, sino dos: en el entorno de Castaños y también en diversas calles del Casco Antiguo.

No a la opa al Sabadell

El Pleno del Ayuntamiento también mostró su rechazo a la opa hostil del BBVA contra el Sabadell. El edil del PP Antonio Peral puso el foco sobre el perjuicio que supondría para Alicante en cuanto a pérdida de oficinas, cajeros y puestos de trabajo. Desde Compromís, Sara Llobell recordó que el Sabadell es propietario de un tercio del Teatro Principal y alertó de que implicaría renunciar a la sede social de uno de los grandes bancos de España. La socialista Trini Amorós incidió en que «el Gobierno de España no puede vetar la operación», por lo que planteó al PP dos enmiendas a su propuesta: «Lo hacemos porque nos gustaría votar a favor». Los populares solo aceptaron una de las aportaciones socialistas, por lo que el PSOE terminó absteniéndose ante el apoyo de los demás grupos.

Toro embolado

En el resto de la sesión, destacaron dos iniciativas taurinas aunque, eso sí, con diferentes enfoques. La de Esquerra Unida para eliminar la celebración del toro embolado, que finalmente se mantendrá, y la de Vox para reclamar al Gobierno que recupere el Premio Nacional de Tauromaquia, aprobada con el apoyo del PP y la abstención del PSOE.

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El «papel», del día lo desempeñó el concejal Miguel Castelló, quien tuvo que hacer gala de un gran juego de cintura para defender que su partido apoya la tauromaquia como «valor cultural» al mismo tiempo que el Gobierno de España retira el galardón.

Finalmente, el socialista se excusó en que su formación no apoyará una propuesta cultural planteada por el grupo Vox para justificar su abstención ante la iniciativa.

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