La familia Puchades se abre a negociar un acuerdo con el Ayuntamiento de Benidorm tras la sentencia de Serra Gelada

Dispuestos a llegar a un acuerdo. Ésta es la postura de la familia Murcia Puchades tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que condena al Ayuntamiento de Benidorm a indemnizarles con 290 millones de euros por la protección de Serra Gelada, según aseguró a este diario el abogado que representaba a las promotoras Murcia Puchades Expansión y Urban Villajoyosa, el letrado Domingo Monforte. Como ya ha publicado este diario, el fallo eleva la valoración del suelo del paraje protegido que había sido cifrada en 683.000 euros por un juzgado de Alicante. La resolución hace esta tasación al subrayar que se trataba de suelo que tenía la condición de urbano y que el Ayuntamiento de Benidorm nunca llegó a compensar a los propietarios por la protección del paraje.

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"El Ayuntamiento tendría que estar orgulloso del convenio de 2003", aseguró a este diario el abogado. Este acuerdo se firmó durante el mandato de Vicente Pérez Devesa (PP) al frente de la Alcaldía de Benidorm y con él se llegaba a un acuerdo con los propietarios del suelo para que no edificaran en la zona, a cambio de compensarles con edificabilidad en otras zonas de Benidorm. El convenio se renovó en otras dos ocasiones, en la etapa socialista de Agustín Navarro. "Los propietarios firmaron con la promesa de que se les iba a compensar y luego se les dijo que ese convenio era nulo", aseveró el letrado. Ésta fue la postura adoptada por la corporación actual, con el popular Toni Pérez en la Alcaldía, que se desdijo de aquellos acuerdos y aseguró que eran nulos. Un cambio de criterio que la sentencia del TSJ ha rechazado, dando validez al primero de los convenios.

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La familia Murcia Puchades tenía tres fincas en la zona y es propietaria del noventa por ciento de este suelo. Una de 1,9 millones de metros cuadrados, de los cuales 386.144 estaban incluidos en el sector APR-7 de Serra Gelada; otra parcela de 76.455 metros cuadrados; y una tercera de 31.815 metros. En total, cerca de medio millón de metros cuadrados en el APR-7.

"La familia ha esperado más de lo razonable, tras más de veinte años de espera", ha aseverado el letrado a preguntas de este diario. Monforte subrayó que la decisión del TSJ avala que "los criterios de aquel convenio habían sido técnicamente impecables. No sé qué sentencia esperaban".

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Aunque la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Supremo, el letrado recordó que cuanto más se prolonge la situación, más se expone el Ayuntamiento a tener que pagar intereses. El fallo señala que además de la indemnización de 290 millones de euros, el Ayuntamiento de Benidorm tiene que pagar intereses que se estiman en cerca de cincuenta millones de euros, lo que elevaría aún más esta cifra en el momento de la ejecución de sentencia.

"Solo queremos que se imponga el sentido común, estamos abiertos a llegar a un acuerdo con la misma humildad de siempre. La familia Murcia Puchades son vecinos de Benidorm y son concientes de la situación en la que queda el Ayuntamiento", aseguró el letrado. Dicha familia, es propietaria del 90 por ciento del suelo de Serra Gelada. "La protección de ese paraje no se puede hacer a costa de los propietarios. Parece como si el Ayuntamiento se hubiera olvidado de que tiene que pagar por ese suelo y ya no contaba con que tenía que hacerlo", aseveró.

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En su día se negociaron unas compensaciones urbanísticas en la partida de Armanello, una de las mayores bolsas de suelo para el desarrollo de la urbe turística, pero este acuerdo quedó estancado con los problemas que hubo para el desarrollo del plan parcial. Hoy el plan de Armanello ha sido relevado por el nuevo plan Ensanche Levante de Benidorm. "Estamos dispuestos a hablar con el Ayuntamiento en buscar vías de acuerdo, que se mostró convencido de que "todos hemos actuado de buena fe".