Benidorm pedirá una aclaración al TSJ y presentará un recurso contra la sentencia de Serra Gelada

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que ha condenado al Ayuntamiento de Benidorm a indemnizar con 283 millones de euros a la familia Murcia Puchades por la pérdida de derechos de edificación en el entorno protegido de Serra Gelada ha caído como una losa. El alcalde Toni Pérez ha explicado qué pasos dará el gobierno local de manos de los servicios jurídicos municipales: se pedirá una aclaración de sentencia al TSJ para luego interponer un recurso de Casación, aunque los servicios jurídicos determinarán si es al tribunal valenciano o al Supremo, o en los dos.

El primer edil se ha mostrado tranquilo en la comparecencia de este jueves tras conocerse el fallo judicial aunque reconoce que supone un "revés" en este sentido. Solo ha explicado los primeros pasos que va a dar el Ayuntamiento en el aspecto jurídico porque no ha querido entrar en qué va a suponer para Benidorm tener que pagar esa indemnización millonaria si llegara el caso: "No vamos a entrar en eso porque por ahora hemos pedido una aclaración de sentencia". Aunque sí ha reconocido que los 283 millones más intereses suponen "tres presupuestos municipales de Benidorm".

El TSJ condena al Ayuntamiento de Benidorm a pagar 283 millones por el suelo protegido en Serra Gelada

Así, el Ayuntamiento tiene ahora un plazo de dos días hábiles a contar a partir de este jueves, cuando se ha notificado a efectos legales, para presentar esa aclaración de sentencia ante posibles dudas sobre el fallo, aunque los jurídicos municipales aún estudian sobre la base de qué se presentará ese escrito. El siguiente paso será la interposición de un recurso de casación, con el "claro y único" objetivo de "seguir defendiendo el interés general como hemos hecho desde que este equipo llegó al gobierno local en el año 2015 con relación a este asunto", según Pérez.

La sentencia del TSJ llega tras otros fallos judiciales que dieron la razón al Ayuntamiento, como ha recordado el alcalde: "En todas las instancias nos han dado la razón. Ahora no se nos da y vamos a recuperar esa razón con todo el trabajo que se ha ido haciendo hasta ahora".

Como ya publicó este diario, la sentencia ahora conocida responde al recurso presentado por ambas empresas contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante de 24 de febrero de 2022, que falló a favor del Ayuntamiento al declarar nulos los convenios urbanísticos firmados en los años 2003, 2010 y 2013. A pesar de rechazar los 283 millones de euros que reclamaban las empresas recurrentes basándose en esos convenios, la misma sentencia sostenía en aquel momento que estas empresas tenían derecho a percibir poco más de 636.116,27 euros por los 121.992,50 metros cuadrados que efectivamente cedieron en 2004 al pueblo de Benidorm.

Esta cantidad "fue asumida –por el Ayuntamiento– y consignada desde que se tuvo conocimiento", indica el alcalde. A la vista de esta sentencia en primera instancia, que tomaba en consideración los argumentos defendidos por los técnicos municipales, el Ayuntamiento inició el procedimiento para declarar la nulidad de esos convenios y poner así punto final a este litigio. Una posición que fue refrendada por el Consell Jurídic Consultiu en un dictamen vinculante, que consideraba que efectivamente estos convenios eran nulos por diversos motivos. Con todo, asegura que "cada uno tiene el derecho" de defender lo suyo y que "nosotros seguiremos defendiendo el modelo Benidorm" que incluye la protección de Serra Gelada. 

Pérez ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a la población benidormense porque "hay un gobierno eficaz, responsable y honesto que se deja la piel en defender el interés general", todo "desde el máximo respecto siempre a la Justicia". Primero "se cumplirán los plazos procedimentales" que haya que dar y asegura que "esto no tiene espacio para la política, sino para la gestión, para defender el modelo Benidorm y seguir apostando por proteger nuestro territorio y también nuestro planeta".

Cronología del conflicto entre la familia Murcia Puchades y el Ayuntamiento de Benidorm

Con todo, el alcalde tampoco se ha querido referir a los anteriores gobiernos del PP y PSOE que han dirigido el Ayuntamiento desde que se firmaron los convenios de Serra Gelada en 2003: "La responsabilidad y altura de miras es trabajar con lo que nos toca. No tengo ninguna apreciación, cada uno en su momento haría lo mejor para Benidorm". Cabe recordar que el primer convenio se firma en 2003 con el Vicente Pérez Devesa como alcalde de Benidorm. En 2010 y 2013, gobernando el socialista Agustín Navarro, esos convenios se modificaron para ampliar el plazo para satisfacer las compensaciones en tres años cada vez. El último expiró en mayo de 2016, ya con el PP en la Alcaldía con Toni Pérez a la cabeza. A partir de ahí, los propietarios del suelo comenzaron su batalla judicial.

Un "golpe" al Ayuntamiento

Sobre la cuantía de la sentencia, Pérez asegura "no conocer ninguna otra sentencia que pueda infligir un golpe así a un ayuntamiento" a pesar de tratarse de una cuestión "que no afecta solo al ámbito municipal". Según el alcalde "estamos hablando de un suelo que forma parte de un Parque Natural y que, impidiendo la construcción, ofrecemos como espacio verde y protegido a tantos y tantos millones de personas que vienen aquí para ser felices", por lo que ha considerado que "a lo mejor tiene que ser una cuestión de Estado, al igual que muchas administraciones que adquieren muchísimo suelo en muchísimos sitios para hacer cosas".