Los jueces condenados a gobernar en coalición

Después de más de cinco años esperando es una gran noticia el acuerdo de los dos partidos mayoritarios sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El acuerdo incluye la lista de veinte consejeros nominados, 10 por el Partido Popular (PP), y 10 por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El acuerdo supondrá sacar al CGPJ del atasco, la inoperancia, la politización y también del desprestigio. El acuerdo no se queda en la lista de magistrados y juristas propuestos, que ya de por sí es un cambio importante. Pero la mayor importancia viene a mi modo de ver por la reforma de las leyes orgánicas del Poder Judicial y de la Fiscalía.

Desde el punto de vista político el acuerdo firmado por Esteban González Pons (PP) y el ministro Felix Bolaños (PSOE) es una decisión valiente, y hasta cierto punto arriesgada, tanto para Núñez Feijóo que se ha plantado ante la derecha más extrema de su propio partido, y mas allá. Tampoco debe haber sido una decisión fácil para Pedro Sánchez, que pone a sus coaligados y soportes del Gobierno en guardia, por el precedente que establece. Feijóo se ha plantado ante quienes le intentan marcar el paso: la dirección de FAES y la presidencia de Madrid; Sánchez les ha mostrado a sus aliados que son necesarios, pero no siempre imprescindibles, en especial a Junts y a la dirección actual de ERC. La lista de 20 magistrados y juristas presenta una proporción de mujeres del 40 %, ocho de veinte, por vez primera. Eso es más representativo de la proporción de mujeres que hay en la judicatura y supone un rejuvenecimiento del Consejo.

Pero, en mi opinión, es mucho más importante la reforma propuesta de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que además se tramitarán por urgencia. La Disposición Transitoria encarga al CGPJ elaborar una propuesta de cómo debe elegirse el próximo CGPJ, que «deberá ser aprobado por una mayoría de 3/5 de sus vocales», conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución «que garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea». Los acuerdos por 3/5 requieren el consenso y acuerdo entre magistrados propuestos por PP y PSOE. Conviene tener esto muy presente porque el requisito de mayoría cualificada -3/5 ó la mitad más uno- está presente en las disposiciones principales. Pocos juristas se atreverán a defender que «los jueces deben elegir a los jueces», eso forma parte de la propaganda política del PP, que ahora se quita de encima y pasa la responsabilidad al CGPJ. El Poder Judicial y su gobierno deriva de la soberanía popular y se expresa en las Cortes, no deriva de los jueces. Esto no se lo creían ni los que lo decían.

El artículo 630 apartado 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se modifica en el sentido de «los acuerdos de los órganos colegiados del Consejo General del Poder Judicial serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo cuando esta ley orgánica disponga otra cosa o cuando se trate del nombramiento de presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia, y presidentes de Audiencias Provinciales, en cuyo caso se requerirá una mayoría de 3/5 de los miembros presentes». Todos los principales nombramientos que hace el Consejo los hace por 3/5 de sus miembros. Las cinco comisiones del CGPJ -Permanente, Calificación, Disciplinaria, Asuntos Económicos e Igualdad- que se establecen en la ley compuestas por cinco miembros -tres magistrados y dos juristas- tomarán sus acuerdos por mayoría. Cualquier otra nueva comisión requerirá los 3/5 de los vocales para su creación. Se bloquean las puertas giratorias de los cargos políticos hacia la judicatura y fiscalía, dos años como mínimo.

En suma, el acuerdo PP-PSOE, al reforzar la presencia de las mujeres en el Consejo y de los juristas de reconocido prestigio, aumenta el contacto del órgano de gobierno con la sociedad. La exigencia en los temas principales de una mayoría cualificada obliga a un gobierno de los jueces por consenso y centrifuga las posturas radicales. El Gobierno de los jueces -el CGPJ- condenado a gobernar en coalición y a consensuar. Habrá que verlo.