Impagos de más de 350.000 euros por el mantenimiento de viales de Orihuela Costa

El equipo de gobierno ya no es el mismo, pero el problema persiste desde el inicio de la contrata en 2020. El Ayuntamiento de Orihuela debe más de 350.000 euros, correspondientes a las facturas de diciembre a mayo, a la adjudicataria que se encarga del mantenimiento de los viales en la Costa, Zaplana Caselles, que realiza un servicio esencial de reparación de calles y otras deficiencias en el litoral.

En enero, el Consistorio prorrogó el contrato antes de que en febrero se cumplieran los cuatro años de contrato adjudicado por 766.136 euros anuales. De mutuo acuerdo, Ayuntamiento y empresa pueden prolongarlo en dos años, con dos prórrogas de un año cada una.

En el mandato de PP y Ciudadanos, hubo constantes discusiones en las juntas de gobierno a cuenta del pago de las facturas, con los populares votando a favor y la formación naranja en contra. Así, la demora en los pagos por los trabajos realizados fue una constante en el periodo en el que la gestión estaba en manos de Ciudadanos, entre 2020 y mayo de 2023.

Incluso, a finales de 2021 como de 2022 los trabajadores convocaron manifestaciones, ya que ante los impagos por parte de la administración local la empresa no iba a abonar las nóminas de diciembre ni la extra. En ambas ocasiones se desconvocaron por el abono in extremis.

Mientras, la concejalía cuestionaba en sus informes los supuestos incumplimientos del pliego de condiciones por parte de la mercantil, algo que Ciudadanos volvió a sacar a colación cuando se aprobó a principios de este año la prórroga del contrato.

La contrata no ha construido la nave de 1.174 metros cuadrados destinada a almacén y depósito, zona de oficinas, vestuarios del personal y aseos que figuraba en el pliego. Y, aunque es un incumplimiento grave, no es suficiente para rescindir.

Ya en febrero de 2022, un informe de la Concejalía de Infraestructuras hablaba de penalizar a la empresa descontando 3.000 euros mensuales hasta que subsanase las deficiencias detectadas. La adjudicataria, por su parte, sostenía que era un intento más de asfixiarla económicamente, señalando directamente al entonces concejal, Ángel Noguera (Cs), acusándole de "obstaculizar y hasta boicotear" el contrato por "animadversión". Noguera tuvo que declarar en junio del año pasado como investigado por presunta prevaricación en este contrato a raíz de una denuncia del PP y de la empresa adjudicataria.

Ahora, un informe, a petición del concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde (PP), propone una sanción de 126.634 euros, algo que aún no le ha sido notificado a la empresa, según fuentes de la mercantil.

Demandas vecinales

El estado de los viales es uno de los asuntos que acaparan más quejas por parte de la ciudadanía. De hecho, los nuevos presupuestos contemplan un millón de euros para el asfaltado de varias calles. La Asociación de Vecinos Cabo Roig y Lomas ha remitido un escrito al Ayuntamiento en el que pide que se asfalten "con urgencia" las calles Carlos Torres, Orihuela y Torrevieja, de la urbanización Torrezenia, con cargo a los 60.000 euros de los presupuestos participativos que se aprobaron en 2019, pendientes desde entonces, y que los nuevos recogen.

Hace unos días, recuerdan desde la organización vecinal, una comunidad de propietarios cerró al tráfico rodado la avenida de la Luz, en su confluencia con la calle Orihuela, "razón por la cual se ha incrementado notoriamente el tráfico de coches y motos en estas otras calles, que se encuentran en un estado lamentable, con numerosos y enormes baches que ponen en serio riesgo la seguridad vial".

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