Atasco en los juzgados de lo Social de Alicante: hasta dos años de espera para un juicio por despido

La sobrecarga de trabajo que registran los juzgados de los Social de Alicante está provocando que los juicios por despido se están fijando a dos años vista y que en los asuntos relacionados con las prestaciones de la Seguridad Social –como las pensiones por incapacidad permanente- la demora alcance incluso los dos años y medio, con el perjuicio que eso supone para los afectados.

Así lo asegura el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante que acaba de remitir un escrito a la Conselleria de Justicia y al Consejo General de Poder Judicial para denunciar esta situación y reclamar la puesta en marcha de nuevos juzgados que permitan solventar el atasco que sufren actualmente estos órganos judiciales. Una situación que, según el organismo presidido por José Crespo, "es más que preocupante, perjudicando a profesionales y ciudadanos de manera ostensible".

Tal y como explican en su escrito, el problema de origen está en el gran número de asuntos de debe asumir cada uno de los siete juzgados de lo Social que tiene Alicante. Así, mientras que para "el desempeño óptimo" de sus funciones cada uno de estos juzgados debería incoar un máximo de 800 procedimientos anuales, según las estimaciones de los Graduados Sociales, lo cierto es que solo hasta el 31 de mayo la mayoría de ellos ya acumulaba 600 expedientes recibidos, por lo que, de seguir este ritmo, solo este ejercicio se superarían los 1.400 nuevos procesos por órgano judicial.

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A esto se suma que en estos momentos los jueces solo pueden realizar entre 40 y 50 señalamientos por semana, ya que únicamente disponen de dos días para realizar las vistas al tener que compartir las salas, según afirma el documento al que ha tenido acceso este diario.

Retrasos

La consecuencia de lo anterior es que los trabajadores que decidieron recurrir su despido en el segundo trimestre de este año están recibiendo fecha para la celebración del juicio para el primer trimestre de 2026. Es decir, para dentro de prácticamente dos años, con las consecuencias que esto conlleva.

Es decir, que al castigo que supone la pérdida del empleo, se suma el hecho de que no sabrán si tienen derecho a una indemnización mayor ni cobrarla hasta ese plazo, una situación que puede complicarse aún más en el caso de que, por ejemplo, finalmente el despido se declare nulo.

La situación es aún peor en el caso de las demandas ordinarias de cantidad, que se presentan, por ejemplo, cuando la empresa no paga los salarios, que se están señalando ya para el último trimestre de 2026, según el Colegio de Graduados Sociales. Una situación que deja a estos trabajadores en un limbo, ya que se ven obligados a seguir yendo a su puesto de trabajo aunque no reciban su paga. Y lo mismo ocurre con los asuntos relacionados con los asuntos relacionados con las de prestaciones de la Seguridad Social o Sepe, donde "pronto empezarán los señalamientos para 2027".

"Esto implica que un ciudadano que está pendiente de que se resuelva judicialmente una incapacidad permanente no pueda ver resuelto el pleito hasta dentro de más de dos años, lo que implica que estas personas no puedan percibir cantidades por la pensión de incapacidad que les correspondería hasta esa fecha, estando en situaciones en las que es muy difícil trabajar por el estado de salud, con claras contradicciones entre los principios fundamentales de salud y trabajo", denuncia el escrito.

"De nada nos sirve la tutela judicial efectiva amparada en la Constitución y el principio de inmediatez en el ámbito laboral, si a la hora de la verdad la reclamación del reconocimiento de un derecho se hace con una demora de tiempo alarmante", ha declarado el presidente de los Graduados Sociales alicantinos, José Crespo. "Hay que recordar –añade- que los reconocimientos de derechos tienen un trasfondo económico y que puede ser el sustento de una familia y cuando te toca pasar por esto y para que te reconozcan tiene que pasar esta cantidad de tiempo las personas se vienen abajo".

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Ante este problema, desde el colegio reclaman que no se designen magistrados o jueces de refuerzo de manera puntual –lo que, a su juicio, no resolvería la situación-, y exigen, por el contrario, que se pongan en marcha nuevos juzgados completos, como ha pasado en Elche o en Benidorm. En el caso de que esto no sea posible, demandan que se creen juzgados "bis", como se hizo por ejemplo para atender la avalancha de demandas por cláusulas suelo en las hipotecas.

Reforma Laboral

En parte, el atasco que registran los Juzgados de lo Social se debe a la mayor conflictividad que ha generado la aplicación de la Reforma Laboral. Al limitarse la contratación temporal y establecerse el contrato indefinido por defecto, la única forma de recortar plantilla que tienen los empresarios es despedir a los trabajadores. Y con el aumento de despidos también se incrementan aquellos en los que el afectado no está de acuerdo con la indemnización o las causas, lo que provoca que lleguen más casos a juicio.

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Así, solo el año pasado se recibieron en la provincia 5.728 demandas por despido en la provincia, lo que supuso un incremento del 31% sobre el año anterior, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial.