Más conflictos: una legislatura insoportable

Nos dice Zapatero, con ese desparpajo propio de quien sabe que sus palabras recibirán el aplauso de los mismos perjudicados, que la prometida financiación singular para Cataluña conviene a España y a los españoles. Y la razón que aduce es que esta comunidad es más rica que las peor financiadas y más pobres. Todo el proyecto del PSOE al problema de la financiación autonómica se reduce, de nuevo, a las urgencias políticas. Primero se atiende al voto preciso para sostener el interés de mando; luego, se buscan parches con la referencia previa de lo concedido a cambio de un apoyo remunerado. Ya no es solo que el socialismo patrio anteponga los territorios a las personas y que la redistribución de la riqueza se formalice atendiendo a criterios nacionalistas, conservadores en extremo y elitistas, eso les da igual a los nuevos profetas del progresismo que se va quedando sin fieles en el mundo, sino que lo hace anteponiendo ambiciones inmediatas obviando que una cuestión de Estado no puede degradarse a un acuerdo tan elemental como el apoyo en una investidura.

Da igual que Sánchez desvincule o disimule ese pacto para reconocer una financiación singular a Cataluña con referencias al pacto con ERC al momento de su investidura para separarlo de la de Illa ahora. En ambos casos se trata de lo mismo: un acuerdo insolidario a cambio de votos. Y mientras, como sostenía Juán Ramón Gil la semana pasada, sin afrontar la reforma del modelo de financiación, caducado hace diez años y en claro perjuicio de muchos, especialmente de esta comunidad nuestra. Política, no eficacia. Diferencia interesada, compraventa de votos con el dinero de todos, no igualdad. Perjuicios para muchos y beneficio para los que conceden y los concedidos.

España no se va a romper en caso alguno con amnistías o referéndums con pronóstico cierto, pero sí los españoles, divididos por un partido que se reclama de izquierdas en función de sus urgencias. Unos serán de mayor calidad y otros de peor consideración, pero la lengua y otras cuestiones de igual rango no justifican la desigualdad de trato.

Harán sin duda lo que ya no ocultan, antes al contrario lo exhiben con ese orgullo propio de quien se sabe capaz de todo. Y el PSOE, este PSOE, carece de programa o de límites y nadie ahí  osa siquiera levantar un poco la voz salvo para mostrar su apoyo incondicional a sus conductores. Y digo conductores sin tachar una sola letra.

El precio a pagar para sostener un gobierno imposible es tan excesivo, que se tardará años en recuperar, si se logra, el equilibrio entre ciudadanos y territorios, el entendimiento frente a la confrontación irracional y la prepotencia. Porque si mañana ganan los otros, no debemos dudar de que aprovecharán todo el tinglado organizado. Esta forma de hacer política se perpetuará o irá a peor. Lo que se siembra ahí queda.

La cuestión es, de una vez por todas, establecer límites a lo político, no sujeto a la ley en sistemas que escapan de ese control, sin que el refrendo popular valga como excusa cuando lo hecho no se corresponde con lo prometido. La democracia representativa no debería traducirse en una suerte de poder absoluto y general para faltar a la palabra dada y menos aún para castigar a quienes han apoyado otra opción. Siempre pasó, pero en esta legislatura se han sobrepasado todos los límites, haciendo exactamente lo contrario a lo ofertado e ignorando con dolo a aquellos ciudadanos y comunidades no gobernadas por la coalición gubernamental.

La importancia de la ley y del Poder Judicial independiente y la sumisión a la ley recobran de este modo una importancia que no cabe desconocer, pues la oportunidad política cuando se pone al servicio del poder, no de las ideas, si existen, equiparadas a un partido aunque éste no responda a las que lo identifican, es simple expresión de un poder absoluto incompatible con la democracia. Votar siglas y personas es más fe y reacción irracional, que madurez democrática.

En este sentido y advirtiendo de que no he leído todavía la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la condena a Magdalena Álvarez, aparecen elementos muy profundos que se escapan del sistema constitucional y entran en un espacio de difícil entendimiento. Me pareció siempre un asunto muy complejo jurídicamente hablando, pero cuya decisión competía al Poder Judicial, no al TC, que no lo es. En un caso así entrar a revisar una mera cuestión de legalidad, actuar como una tercera instancia cuando el TC no se integra en el Poder Judicial podría considerarse un exceso en el uso de competencias que no tiene este órgano. No es materia constitucional el concepto de ley ni su interpretación, que compete a los tribunales ordinarios. Una mera cuestión de legalidad ordinaria. Lo que debe considerarse resolución a los efectos de este delito no compete al TC, pues no entra en el ámbito de los derechos fundamentales, que es la materia sobre la que versa el recurso de amparo. No es la primera vez que el TC invade competencias que, entiendo, no le corresponden, pero este caso es excesivamente expreso como para que no tenga consecuencias.

El TC es un órgano político, pues política es su función. De ahí su nombramiento, no se olvide, por el Poder Legislativo y el mismo gobierno. Siendo esta su legitimación, sus competencias no pueden nunca penetrar en lo que carece de dicha naturaleza y son estrictamente jurisdiccionales.