Acuerdo para el CGPJ. Independencia frente a poder único

Gana el estado de derecho frente a quienes desconocen sus reglas más elementales, en especial el sometimiento a la ley que a todos obliga y vincula. Gana la democracia frente a los radicales revestidos de apariencias, de cualquier lado, que son solo síntomas de la degradación paulatina del sistema, no de su regeneración o defensa a ultranza poco creíble por ser en sí misma un posición antisistema, cual si el modelo precisara de esperpénticos aires populares o búnkeres anacrónicos. Gana el Poder Judicial que sale de una situación a la que le habían llevado desde otras instancias y que afectaba a su independencia, eficacia y autoridad. Es este poder el que, se ha comprobado, debe gestionar su función, directa o indirectamente, sin interferencias extrañas o ajenas que siempre se traducen en injerencias para intentar domeñarlo.

Se ha renovado el CGPJ con la ley vigente, como no podía ser de otra manera, con pactos entre partidos conforme a la pretensión buscada por el legislador en 1985, que ha acreditado su debilidad y demostrado que no garantiza la independencia. Muchos la defendimos entonces y durante muchos años, pero el tiempo suele siempre imponer sus verdades, solo negadas por quienes no gustan de un poder judicial independiente y lo quieren sustituir por un ignoto pero expreso poder que califican como democrático.

La independencia judicial no es compatible con el sistema parlamentario aunque el art. 122 CE fuera interpretado formalmente por el Tribunal Constitucional admitiéndolo; el abuso de quienes han encaminado los pasos hacia modelos foráneos comprobadamente populistas y autoritarios, está en la base del fracaso absoluto de un modelo frágil cuando se imponen los extremos. La democracia que concede poder omnímodo a los partidos frente a las instituciones, queda al final en manos de éstos y sus intereses.

Tras el acuerdo, el CGPJ volverá nombrar a su presidente y a todos los cargos judiciales, incluyendo a los magistrados del TS. Para ello se exigirá una mayoría de tres quintos, siendo de este modo que el acuerdo entre los consejeros resultará siempre obligado. Y en esta labor, aunque puedan existir influencias externas, serán ellos los que decidan y por tanto asuman públicamente la responsabilidad de demostrar que el órgano que vela por la independencia de Poder Judicial es, a su vez, independiente. De ellos dependerá, de su profesionalidad y prestigio ahora perdido, pero recuperable si se empeñan en ejercer su labor correctamente.

A su vez, el texto legal acordado, que saldrá adelante con los votos de PSOE y PP, ordena al nuevo CGPJ elaborar un informe que culmine con una propuesta de reforma que atienda a la necesidad de que los consejeros de extracción judicial sean designados con intervención directa de los jueces y magistrados. La norma es clara al respecto y el sistema parlamentario pleno, pues ocho seguirán siendo nombrados por Las Cortes conforme establece la Constitución, dejará o deberá dejar paso a lo que la Constitución quería. La ley contiene una Disposición Adicional que vincula y en la que consta el desarrollo de un nuevo modelo que se basa en la participación directa de jueces y magistrados en la elección de los vocales, siendo el proyecto que se confeccione la base de la reforma. Y participación directa es lo que es, sin fraudes. No volvamos a cambiar de opinión con tanta ligereza.

Todos los poderes emanan de la soberanía popular, pero ello no significa que Las Cortes sean su única fuente de legitimación. La función legislativa compete al Poder legislativo elegido por sufragio universal. El Poder Judicial se legitima por su independencia y sumisión a la ley como sostenía GIMENO. Atribuir al Parlamento la categoría de única fuente de legitimación equivale a menoscabar su independencia. Ese discurso, precipitado, es fruto de las corrientes autoritarias, de uno u otro signo como ha demostrado la historia. Que el Poder Judicial se someta al juego de las mayorías o de los dictadores –pues el resultado es el mismo-, encierra una visión que persigue que jueces y magistrados se sometan a otros poderes. Mayorías sobre independencia es la disyuntiva. Cada cual que opte por lo que quiera, pero sin adornos.

El pacto, que bien podría haberse firmado hace años, es la respuesta democrática a la deriva autocrática de los últimos tiempos y refleja la imposibilidad de un gobierno europeo de caminar en la dirección a la que parecía dirigirse un PSOE que, al menos en este caso, se ha retractado de encomendarse a lo que sus múltiples socios, independentistas y radicales de una izquierda populista, le exigían. Bienvenido sea al PSOE a la senda democrática. Y de un PP que, por fin, ha salido de la presión insoportable de sus sectores más extremos. El modelo plenamente parlamentario ha fracasado, como dijo el TC en 1986. Insistir en el mismo con una ley que opta expresamente por modularlo con argumentos que son eufemismos, es solo un error que no debe repetirse y se concretaría en un fraude de ley.

No es éste el momento de comentario alguno acerca de las razones que han llevado al presidente, a modificar su discurso de los tiempos más recientes y apostar por la Constitución. Sabe éste que tendrá un coste o lo intuye o intuye que no es posible enfrentarse a un Poder Judicial independiente en el marco europeo. Y sabe el PP que no podía mantenerse radical en la negativa a cumplir la ley, posición que le deslegitimaba para reclamar el imperio de la ley allá donde lo exige.

De momento pasa la tormenta y se diluyen las propuestas democratizadoras del Poder Judicial con regusto franquista, tan alabadas por esta nueva izquierda que ve fachosfera –término éste insultante en sí mismo que califica a quien lo utiliza-, de forma obsesiva y no percibe su gusto por el pasado más reciente. Superado este trance, no hay espacio ya para nombramientos directos de magistrados del TS por la clase política, ni reformas del sistema de acceso a la carrera judicial de inspiración ideológica que desprecien el conocimiento y antepongan la sensibilidad con la verdad oficial impuesta. De momento pasa la tormenta y todo seguirá como debe seguir: los tribunales juzgarán a todos sin exclusión y aplicando la ley y, podría suceder, que releguemos eso del «lawfare» al discurso de quienes lo han utilizado para reclamar impunidad y control de jueces y magistrados. La reforma pactada, si se cumple, será un serio obstáculo para mantener vivo ese discurso.

Esa es la esperanza que este acuerdo nos trae. Que los dos grandes partidos recuperen el respeto al Poder Judicial. Si sirve para eso, será positiva. Si no se abandonan estas posiciones, el pacto será solo un reparto de cromos que deslegitimará más a un Poder Judicial que tiene una última oportunidad de serlo n