Cascada de informes que cuestionan el contrato de viales en Orihuela Costa

Varios técnicos del Ayuntamiento señalan, después de la prórroga, errores en el importe de la contrata e incumplimientos por parte de la adjudicataria, "algo que se ha mantenido y consentido con grave perjuicio para los intereses municipales"

Desperfectos en una calle de Orihuela Costa

Desperfectos en una calle de Orihuela Costa / TONY SEVILLA

Loreto Mármol

Loreto Mármol

El contrato para el mantenimiento de los viales en Orihuela Costa sigue dando quebraderos de cabeza al equipo de gobierno de PP y Vox, como ya sucedió en el mandato de los populares con Ciudadanos desde que se inició la contrata en 2020. En enero, el Ayuntamiento prorrogó la adjudicación antes de que en febrero se cumplieran los cuatro años de contrato adjudicado por 766.136 euros anuales. A raíz de ahí se ha producido una cascada de informes técnicos, a los que este periódico ha tenido acceso, que arrojan más sombras que luces.

El ingeniero responsable del contrato desde el pasado 24 abril emite el 3 de junio un informe en el que deja constancia de que el precio de la prórroga debe ser el importe anual (766.136 euros) menos 6.300 euros mensuales, ya que la amortización de los medios materiales adscritos al contrato ya habrá sido completada. 

Además, el técnico señala que no figura en el expediente ni en la resolución de prórroga el escrito de propuesta de mejoras que, caso de activarse cualquiera de las prórrogas previstas, debe aportar el contratista.

Tampoco se incluye -por error u omisión-, añade el informe, la incoación de ningún expediente de imposición de penalidades económicas hacia la mercantil -Zaplana Caselles-, pese al incumplimiento en la ejecución del contrato por no haber realizado las instalaciones fijas prometidas, así como en lo relativo a la adscripción de medios personales, según informes técnicos del 6 y 8 de marzo de 2023.

Esto estaría dificultando el pago de las facturas por parte del Ayuntamiento a la empresa, que hace unos días tenía unos impagos de más de 350.000 euros.

Tres días después, el 6 de junio, el Técnico de Administración General de la Concejalía de Infraestructuras insiste en un nuevo informe en que hasta la fecha la adjudicataria no ha puesto a disposición del Ayuntamiento la nave, almacén o local con cabida suficiente para el depósito de los vehículos y maquinaria que a la finalización del contrato deben revertir al Consistorio, algo que, recuerda, ya quedó acreditado en un informe de fecha 21 de noviembre de 2021 y en otro posterior, el pasado 10 de abril para la imposición de penalidades.

Incluso, no pasa por alto que podría ser digno de reproche penal y disciplinario el técnico municipal que en su día, al comprobar los medios materiales el 4 de mayo de 2020, afirmó en el acta que "las instalaciones fijas se encuentran en un solar de 14.232 metros cuadrados y se adecúan a las necesidades del servicio", pese a que en las fotos que se incluyen se observa un solar, el mismo que hoy día usa la empresa.

Técnicos supervisando la contrata en 2020

Técnicos supervisando la contrata en 2020 / Información

Asimismo, recalca que la adjudicataria no ha puesto a disposición del Ayuntamiento la nave que se propuso en su oferta como licitador, ni otra equivalente, con "el consiguiente perjuicio municipal, no solo económico, sino que se ve agravado por el efecto del medio sobre los vehículos y maquinaria que deben revertir al Ayuntamiento, como se advierte en los informes técnicos que obran incorporados en el expediente administrativo".

Incluso, va más allá al afirmar que "la no disponibilidad de la nave ofertada ni otra equivalente debió conllevar la rescisión del contrato, algo que se ha mantenido y consentido con grave perjuicio para los intereses municipales".

Por ello, concluye que "existen elementos de juicio más que suficientes para la incoación de un expediente sancionador, por los incumplimientos previstos que podrían llevar aparejada tanto la rescisión contractual como la comisión de una falta muy grave".

Solo un día después, el 7 de junio, la concejala de Contratación, Mónica Pastor (PP), resuelve la incoación de expediente de imposición de penalidades por incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato, que corresponde un 5% del valor de la contrata: 126.634 euros.

La resolución de prórroga emitida por la Concejalía de Contratación tiene un año de duración, del 3 de febrero de 2024 al 2 de febrero de 2025. Antes, el 2 de febrero el secretario del Ayuntamiento emitió un informe favorable. El mismo día, los concejales de la Costa y el de Infraestructuras, Manuel Mestre (Vox) y Víctor Valverde (PP), tras la solicitud de la mercantil el 22 de enero, pedían a Contratación que iniciara los trámites necesarios para aprobar, en su caso, la prórroga solicitada, algo que se hacía solo un día después, el 3 de febrero.

Un contrato polémico

En el mandato de PP y Ciudadanos, hubo constantes discusiones en las juntas de gobierno a cuenta del pago de las facturas, con los populares votando a favor y la formación naranja en contra. Así, la demora en los pagos por los trabajos realizados fue una constante en el periodo en el que la gestión estaba en manos de Ciudadanos, entre 2020 y mayo de 2023.

Ya en febrero de 2022, un informe de la Concejalía de Infraestructuras hablaba de penalizar a la empresa descontando 3.000 euros mensuales hasta que subsanase las deficiencias detectadas. La adjudicataria, por su parte, sostenía que era un intento más de asfixiarla económicamente, señalando directamente al entonces concejal, Ángel Noguera (Cs), acusándole de "obstaculizar y hasta boicotear" el contrato por "animadversión". Noguera tuvo que declarar en junio del año pasado como investigado por presunta prevaricación en este contrato a raíz de una denuncia del PP y de la empresa adjudicataria.

José Aix, portavoz de Ciudadanos, preguntará a Mestre en el pleno del jueves sobre estas cuestiones, después de que la formación naranja haya hecho público que "el gobierno de Orihuela se deshace de funcionarios incómodos".

La concejala Luisa Boné (Cs), a raíz de cancelar un proceso selectivo para cubrir una plaza de Técnico de Administración General (TAG) en el Consistorio, ha sostenido que "estamos ante una nueva cacicada del área de Recursos Humanos, ya que la verdadera razón por la que se ha desistido del procedimiento no es, ni más ni menos, que el aspirante con más posibilidades a priori de los dos que optaban al puesto es precisamente quien recientemente ha elaborado un informe demoledor en cuanto a los incumplimientos contractuales de la mercantil que tiene adjudicado el contrato de mantenimiento de los viales de Orihuela Costa".

Al mismo tiempo, la edil recordaba que "el PP lleva años, desde el inicio de este contrato, como se ha demostrado, empeñado en ocultar esos incumplimientos y en anteponer los intereses de la mercantil frente al interés público y del propio Ayuntamiento".

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